Señor Presidente, señoras y señores diputados,
Quiero mostrar el profundo pesar del Gobierno por los dos atentados que en muy pocos días han sufrido en Afganistán las Fuerzas Armadas españolas. Como consecuencia de ellos han perdido la vida el sargento Manuel Argudin Perrino y la soldado Niyireth Pineda Marín; también han resultado gravemente heridos el teniente Agustín Gras Báez y los soldados Jennifer García López, Abián Quevedo Santana, Ibrahim Maanam Ismael, Rubén Velázquez Herrera, Jhony Alirio Herrera Trejos y Roi Villa Souto, y el intérprete civil Menam Latifi Ashjari.
Que la mención de sus nombres sea muestra del homenaje a su memoria, de la solidaridad con sus familias y del recuerdo a todos los que, miembros de los Ejércitos, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional, de la Administración y de distintas organizaciones sociales, contribuyen a la paz y seguridad mundial, y al auxilio de poblaciones maltratadas por la guerra, la violencia o el ansia de libertad.
Afganistán es hoy el más expresivo ejemplo de la necesidad de intervención de la Comunidad Internacional en escenarios convulsos donde se ha perdido el valor de la vida y donde se desconoce el sentido mismo de los derechos humanos. Es, también, el que más esfuerzos exige, el que más sufrimiento causa, el más violento, el más desolador.
Pero también la Comunidad Internacional está conociendo experiencias esperanzadoras. Así ocurre en el Mediterráneo sur y también en el Medio Oriente, donde la libertad se abre caminos inesperados a los que España, como hizo desde su primera manifestación, prestará toda la ayuda que sus pueblos soliciten.
Señor Presidente, Señorías,
El ritmo, aún demasiado lento, de la recuperación y la apremiante necesidad de volver a crear empleo son el principal motivo de inquietud de los españoles. El estado de la nación hoy es, y sigue siendo, el estado de la lucha contra la crisis, de sus consecuencias, de la evolución del empleo y de todo lo que hacemos por impulsarlo. Y, como el estado de la nación refleja lo que más importa y preocupa a los ciudadanos, mi intervención se va a centrar en la crisis económica.
Me referiré, así, en primer lugar, al diagnóstico sobre el estado actual de la economía española. Posteriormente, me ocuparé del triple eje de la acción del Gobierno para combatir la crisis, paliar sus consecuencias e impulsar la recuperación del crecimiento y del empleo; es decir, y por seguir con la terminología característica de este debate, del «estado» de las reformas, del proceso de consolidación fiscal y de las medidas para preservar la cohesión social. Por último, dirigiré a la Cámara unas consideraciones sobre la capacidad de nuestra democracia para afrontar el desafío colectivo que la definitiva superación de la crisis comporta.
Señorías,
Durante los últimos trimestres se ha consolidado en nuestra economía el paso de la recesión a la recuperación económica, aún leve. Hemos encadenado, en efecto, cinco trimestres consecutivos de crecimiento. Se trata de una recuperación gradual; lenta ciertamente, pero en ascenso. Hemos pasado de una caída interanual del -1,4 por 100 en el primer trimestre de 2010 a un crecimiento del 0,8 por 100 en el primero de 2011, y prevemos que esta recuperación se acelere a partir de la segunda mitad de 2011, hasta situar el crecimiento interanual del cuarto trimestre unas décimas por encima del 1,5 por 100.
Esta recuperación es todavía hoy demasiado lenta para producir la creación neta de empleo y –lo diré una vez más–, mientras ésta no se produzca, no podremos dar por superada la crisis.
Para ver el modo de incidir positivamente en la intensidad del crecimiento conviene que prestemos atención a los elementos determinantes del mismo.
En términos generales, en estos cinco trimestres nuestra economía ha presentado un patrón de recuperación caracterizado por la fortaleza del sector exterior y la debilidad de la demanda interna.
Nuestra capacidad exportadora es la buena noticia de la recuperación. Las exportaciones crecieron al 14 por 100 en 2010 y en el primer trimestre de 2011, al 16 por 100. Lo han hecho por el esfuerzo de miles de empresas, más de 110.000, que han logrado encontrar nuevos mercados en el exterior en un entorno muy exigente y que no han podido contar, como en otras épocas, con la ayuda extraordinaria de las devaluaciones.
Mejoramos nuestras cifras de comercio de bienes y también de servicios. En estos últimos, por primera vez en veinte años obtenemos superávit.
Y el turismo será uno de los sectores de actividad que contribuirá a que en 2011 se alcancen las previsiones de crecimiento, logrando más de 55 millones de visitantes. Este año el sector cuenta con factores coyunturales a su favor, pero a ello se une la apuesta estratégica que el Gobierno ha hecho para la promoción y por la renovación de las infraestructuras turísticas en los momentos más duros de la crisis.
Gracias a todo ello, la economía española continúa corrigiendo uno de los grandes desequilibrios macroeconómicos que caracterizaron el anterior ciclo de crecimiento. El déficit por cuenta corriente se ha reducido a la mitad, desde sus niveles máximos alcanzados en 2007 del 10 por 100 del Producto Interior Bruto, hasta descender al 4,6 por 100 del PIB en el primer trimestre de 2011; una reducción que continuará a lo largo del año, situándose en torno al 4 por 100 del PIB.
Para favorecer la dimensión exterior de nuestra economía, el Gobierno ha reforzado claramente la dimensión económica de su acción exterior. En el año transcurrido, por poner algunos ejemplos, he visitado China en dos ocasiones, Japón, Singapur, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Ãrabes y, hace unos días, Kazajstán y Rusia. Todos, viajes con una marcada dimensión económica y resultados ya patentes o en trance seguro de serlo.
Hemos trabajado para seguir atrayendo inversión directa a España, el séptimo país de la OCDE que menos barreras y restricciones impone al establecimiento de inversión extranjera. De hecho, en España operan ya más de 11.000 empresas extranjeras que dan empleo a más de un millón y medio de españoles. Estas cifras convierten a nuestro país en el séptimo mayor receptor mundial de inversión extranjera directa en términos de stock, un ranking que queremos mantener o incluso mejorar.
El esfuerzo por fomentar nuestro sector exterior económico se ha visto fortalecido por la consolidación de nuestra presencia en el G-20, el foro internacional de coordinación y cooperación económica por excelencia. Desde su Cumbre en Washington de 2008, España ha participado activamente en todas las reuniones ministeriales y Cumbres de líderes, y ha promovido la inclusión en su agenda de temas como el empleo, la energía o el desarrollo. Esta apuesta por el G-20 debe comprenderse como un esfuerzo genuino por participar en el proceso de definición de un sistema de gobernabilidad global más eficaz, justo y sostenible, algo que volveremos a defender en la próxima Cumbre del G-20.
Señorías,
Si la marcha de las exportaciones y de la internacionalización de nuestra economía es la buena noticia, la mala, lo que impide que la recuperación sea ya más vigorosa, es la demanda interna.
La caída de la inversión en construcción hace que el conjunto de la demanda interna siga contribuyendo de manera negativa al crecimiento (seis décimas en el primer trimestre), a pesar de que tanto la inversión en bienes de equipo, como el consumo, están registrando ya tasas de variación positivas del 0,7 por 100 y del 0,3 por 100, respectivamente. Para el conjunto de 2011 el Gobierno prevé una contribución neutra de la demanda interna al crecimiento, lo que constituirá una mejora relativa tras la aportación negativa del -1,2 por 100 en 2010. Esta mejora se producirá, fundamentalmente, por la vía de una mayor renta disponible de los hogares, debida a la gradual recuperación del empleo y a la moderación de la inflación, que habrán de impulsar, a su vez, una cierta recuperación del consumo.
Tras este repaso a los indicadores, la situación del empleo.
De acuerdo con la última Encuesta de Población Activa, la correspondiente al primer trimestre de 2011, el número total de desempleados alcanzaba las 4.900.000 personas, con una tasa del 21,3 por 100 de la población activa. Las últimas cifras de paro registrado son también más elevadas que hace un año, aunque en los meses de abril y mayo se ha producido una reducción de 144.000 personas en el paro registrado.
Son, en todo caso, y más allá de cualquier otra circunstancia, magnitudes de desempleo que, como he considerado en alguna ocasión, hay que valorarlas como inasumibles; en especial para los jóvenes, donde alcanza una tasa superior al 40 por 100.
Sin embargo, hemos observado ya el primer incremento interanual en el número total de horas trabajadas o del empleo temporal, y la creación neta de empleo se mantiene por segundo trimestre consecutivo en el sector servicios, que representa el 73 por 100 del conjunto del empleo.
Son variables que en otros períodos de crisis de la economía española han anticipado la recuperación del empleo en la economía. Son, por ello, indicadores alentadores, pero claramente insuficientes.
Señorías,
Las circunstancias en que tenemos que hacer frente al proceso de intensificación de la actividad y de recuperación del empleo son difíciles. Lo hacemos al tiempo que llevamos a cabo el proceso de consolidación fiscal más intenso que hayamos acometido nunca en nuestro país.
El Gobierno había previsto una senda de vuelta a la estabilidad fiscal menos pronunciada. Por eso, después del crack financiero de otoño de 2008 hicimos un esfuerzo contracíclico extraordinario de impulso e incentivos fiscales en consonancia con nuestros socios europeos y de acuerdo con todos los organismos internacionales.
Tras la crisis de la deuda soberana griega, los miembros de la Unión acordamos cambiar el rumbo y acelerar el esfuerzo de consolidación fiscal; un compromiso particularmente exigente para países como el nuestro, que tiene que lidiar con las consecuencias del desplome del sector inmobiliario y, en particular, con una muy elevada tasa de desempleo.
A este esfuerzo se han sumado otras dificultades para crecer más rápido. Es el caso de la fuerte subida de los precios de las materias primas, entre ellas el petróleo, que en el último año llegó a incrementarse en un 25 por 100. O también el incremento de un cuarto de punto de los tipos de interés oficiales de referencia del Banco Central Europeo, hasta el 1,25 por 100, para contener las presiones inflacionistas y que afecta con mayor intensidad a las economías, como la nuestra, con una elevada dependencia energética y con elevados niveles de endeudamiento privado.
Pero, junto a la consolidación fiscal, los dos factores que más contribuyen a frenar nuestra recuperación son la incertidumbre, hasta ahora incesante, que se vive en los mercados europeos de deuda soberana y la todavía difícil digestión de los desequilibrios que había acumulado nuestro modelo productivo. Me referiré brevemente a cada uno de ellos.
En el último año, después del rescate a Grecia se ha producido en noviembre, el de Irlanda; en abril pasado, el de Portugal y, ahora, nuevamente Grecia. Cada uno de estos procesos alimenta la incertidumbre en la zona euro y presiona al alza los diferenciales de deuda de algunos países, como el nuestro, Italia o Bélgica, encareciendo la financiación externa.
La última fase de la crisis económica está revelando así, con toda su crudeza, los inconvenientes de no haber contado con un verdadero gobierno económico del euro. Por ello, en el último año estamos tratando, no sin dificultades, de paliar esta carencia. El Consejo Europeo está reforzando los mecanismos de coordinación, de supervisión y de solidaridad en el seno de la Unión Económica y Monetaria, y en la última semana ha tomado decisiones concretas en esa dirección destinadas a lograr una Europa más integrada, más competitiva y más solidaria. Así, hemos puesto en marcha un refuerzo del gobierno económico europeo, que se concreta en seis propuestas legislativas, entre las que se incluyen las medidas de refuerzo del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, los requisitos exigidos a los marcos presupuestarios nacionales y el nuevo esquema de supervisión de los desequilibrios macroeconómicos.
También, y en el marco de la Estrategia 2020, hemos valorado los progresos de los Estados miembros en la aplicación de su Programa de Reformas y de Estabilidad, emitiendo recomendaciones específicas en materia de política económica. Y conviene recordar que la valoración que el Consejo realiza del Programa de Reformas español es globalmente positiva, aunque señale la necesidad de que este proceso no se detenga.
En fin, el Consejo ha reconocido los esfuerzos que están haciendo el Gobierno y, sobre todo, los ciudadanos griegos, y muestra su confianza en que su Parlamento saque adelante el nuevo programa de medidas de austeridad y privatizaciones, lo que permitirá que, a principios de julio, se pueda desembolsar la ayuda pendiente y avanzar en el segundo paquete de ayuda financiera a este país.
Además, hemos creado un mecanismo de resolución de crisis de carácter permanente, el Mecanismo Europeo de Estabilidad. Ese Mecanismo prestará asistencia financiera a países con dificultades y será un elemento decisivo para el refuerzo de la estabilidad del euro, sustituyendo a partir de 2013 a los instrumentos temporales actualmente en vigor.
Señorías,
El otro factor que más influye en el ritmo de nuestra recuperación, el que es singular de la economía española y que se proyecta sobre los que anteriormente he mencionado, agravando su incidencia, es el de la corrección de los desequilibrios propios de nuestro anterior modelo de crecimiento.
Son desequilibrios asociados al excesivo peso de la construcción residencial y, en relación con él, también al excesivo endeudamiento de empresas y familias.
El primero, el sector de la construcción residencial, llegó a alcanzar en nuestra estructura productiva el 7,5 por 100 del PIB, 3,5 puntos más que ahora y tres puntos más que la zona euro. Y el endeudamiento privado llega a alcanzar, en 2007, el 85 por 100 del endeudamiento total de la economía como consecuencia de una década en la que el crédito a actividades ligadas a la vivienda crecía a tasas superiores al 15 por 100, de tal modo que en 2010 el elevado endeudamiento como porcentaje del PIB de empresas no financieras (124 por 100 del PIB) y familias (85 por 100 del PIB) contrasta con la reducida cifra del sector público (60 por 100 del PIB).
Sin la aportación negativa del sector inmobiliario, el único que continúa su proceso de ajuste, con una caída de la inversión del 10 por 100 interanual en el primer trimestre, hoy la economía española estaría creciendo en torno al 2 por 100 interanual, un ritmo similar al del promedio europeo, y estaríamos creando empleo de manera neta.
Ésta es, Señorías, la situación en que se encuentra la economía española: crece, a diferencia de algunos países europeos que han sufrido en mayor medida la crisis de las deudas soberanas; lleva cinco trimestres consecutivos haciéndolo a un ritmo progresivamente superior, y así prevemos que siga en los próximos meses; pero crece menos que las grandes economías europeas y menos de lo que necesitamos para reducir, de forma consistente, el desempleo.
Crece, sobre todo, gracias al empujón del sector exterior, de las exportaciones y del turismo, y no lo hace más por la debilidad de la demanda interna.
Si he señalado las dificultades objetivas a las que nos enfrentamos para acelerar esa recuperación, no es para tratar, a estas alturas, de aliviar la responsabilidad del Gobierno, sino para ser conscientes de la magnitud del esfuerzo colectivo que hemos de seguir haciendo.
El Gobierno hoy se reafirma en el triple eje de su política: las reformas, para acelerar la transición de nuestro modelo productivo hacia una economía más flexible y competitiva; la austeridad o consolidación fiscal, porque en el mundo en que vivimos sólo merecen confianza las economías fiscalmente estables y sólo en ellas cabe concebir un crecimiento sostenible; y la cohesión social, porque hay que repartir con la mayor equidad posible los costes de superación de la crisis y prevenir el riesgo de salir de ella agravando las diferencias sociales.
Señorías,
Durante el último año, el Gobierno ha seguido el proceso de reformas que puso en marcha con la aprobación de la Estrategia de la Economía Sostenible a finales de 2009. Aunque han sido numerosas y diversas, voy a centrarme en tres ámbitos que son, probablemente, donde resultaban más necesarias: el sector financiero, el marco laboral y la mejora directa de la competitividad.
Uno de los graves desequilibrios heredados del anterior ciclo de crecimiento fue un sector financiero sobredimensionado, que había crecido al calor de la expansión excesiva del sector inmobiliario. Es verdad que en nuestro país habíamos seguido mejores prácticas bancarias, y estábamos menos contaminados que otros por los productos tóxicos de la ingeniería financiera; pero el desplome del sector inmobiliario, provocado por la brusca restricción del crédito, tenía que acabar impactando en el propio sistema financiero. Había, pues, que redimensionarlo, reforzando su solidez y su solvencia para que pudiera ser útil a las nuevas necesidades de financiación.
La puesta en marcha del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria, el FROB, ya en 2009, y la nueva Ley de Cajas, en 2010, han racionalizado el sector hasta el punto de reducir en casi dos tercios el número de entidades, de 45 a 18. En este período las entidades financieras han saneado activos por un importe superior a los noventa mil millones de euros, equivalente al 9 por 100 del PIB, y se han recapitalizado por importe de cincuenta mil millones, equivalente al 5 por del PIB.
Este proceso de consolidación se ha visto reforzado, por un lado, con un ejercicio de transparencia de las entidades a nivel individual, tanto en el contexto de las pruebas de resistencia europeas, como en relación a su exposición a la construcción y promoción inmobiliaria; y, por otro, con la puesta en marcha del Plan de Reforzamiento de capital de las entidades.
El pasado mes de marzo el Banco de España publicó las necesidades de capital para doce entidades, cifradas en algo más de quince mil millones de euros. Disponen de plazo hasta el 30 de septiembre para cumplir con el objetivo de recapitalización. Se espera que sólo unas pocas de ellas precisen de fondos públicos. Su concesión a través del FROB tendrá un carácter temporal, el que imponga el interés general, y se realizará en estrictas condiciones de mercado.
La culminación de este proceso de reestructuración deberá normalizar la concesión de crédito en nuestro país como consecuencia de la mejora de la eficiencia y solidez del conjunto de las entidades financieras.
La fuerte destrucción de empleo durante la crisis, muy superior a la observada en otros países de nuestro entorno con caídas similares en la actividad, puso en evidencia también la necesidad de abordar reformas en el ámbito socio-laboral.
Como se trata de reformas de calado, que pretenden resolver problemas estructurales que han aquejado a nuestro mercado de trabajo a lo largo de todo el período democrático, el Gobierno ha hecho el mayor esfuerzo para adoptarlas en el marco del diálogo social, pues éste tiende a garantizar su equilibrio y su eficacia desde el primer día. Pero, como también advertí, en su ausencia, en ausencia de acuerdo social, no podíamos dejar de hacer las reformas.
El pasado mes de septiembre esta Cámara aprobó la reforma del mercado de trabajo. Con ella pretendimos sustituir los ajustes vía destrucción de empleo por ajustes vía modificación de condiciones salariales y de trabajo; apostar por la estabilidad y la formación en vez de por el uso indiscriminado de la contratación temporal; esclarecer las causas de despido; multiplicar las posibilidades de colocación dando entrada a las agencias privadas y a las empresas temporales; fomentar los contratos formativos y focalizar las ayudas a la contratación en los colectivos más golpeados por la destrucción de empleo derivada de la crisis.
El 2 de febrero de este mismo año el Gobierno firmó, con las principales organizaciones sindicales y patronales, el Acuerdo Social y Económico. Además de pactar los principios y medidas que garantizarán la sostenibilidad de nuestro sistema público de pensiones para las próximas décadas, se acordaron los contenidos fundamentales de la reforma de las Políticas Activas de Empleo, así como ciertas medidas de choque para fomentar empleo.
De estas últimas destacaré que el programa PREPARA ya ha beneficiado a ochenta mil desempleados para su recualificación y reinserción profesional, y que la reforma de la contratación a tiempo parcial ha llevado a que esta modalidad aumente su peso en la contratación total en dos puntos porcentuales, al suponer entre los meses de marzo y mayo un 30 por 100 de los contratos firmados.
Por su parte, la reforma de las Políticas Activas de Empleo supone abandonar un sistema rígido y poco enfocado a las necesidades de los desempleados, y optar por un sistema basado en itinerarios individuales y personalizados; un sistema que prioriza las necesidades de formación de los colectivos más afectados por la crisis económica, jóvenes y parados de larga duración, y un sistema que mejora la coordinación de los servicios públicos de empleo regionales y que atiende a las necesidades del mercado laboral en cada zona geográfica.
Tras la firma del Acuerdo Social y Económico, los representantes de los sindicatos y de los empresarios abordaron la reforma de la negociación colectiva. Cuatro meses después, el proceso se interrumpió rodeado de las circunstancias que Sus Señorías conocen.
El Gobierno cumplió con el compromiso de enviar la reforma a la Cámara, acaba de ser convalidada por ésta y ha iniciado su tramitación legislativa. Favorece la negociación de convenios de empresa, para que den respuesta ajustada a sus necesidades particulares; incita a la renovación rápida de los convenios caducados, estableciendo mecanismos de mediación y arbitraje; refuerza las capacidades de solución de conflictos de las comisiones paritarias; dota de mayor flexibilidad a las empresas al ajustar las cláusulas de descuelgue, la modificación de condiciones de trabajo y la movilidad. Y ello, sin menoscabar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
Señorías,
El Gobierno viene abordando, y abordará, todas las reformas necesarias y desea llegar en ellas tan lejos como sea aconsejable para mejorar la competitividad e impulsar el crecimiento y el empleo en nuestro país. Todas las reformas necesarias, sí, pero no a costa de romper equilibrios sociales básicos de nuestro mercado de trabajo o de quebrar nuestro modelo social y constitucional. A costa de eso, no.
El conjunto de las reformas laborales no podrá desplegar todo su potencial dinamizador mientras no se acelere la recuperación de la actividad económica; pero hay algunos datos que la Cámara debe conocer: ya han ganado peso los expedientes de regulación de empleo de reducción de jornada, que han crecido un 157 por 100, frente a los de extinción o suspensión, que se han reducido un 28 por 100, y los contratos de formación y en prácticas firmados han crecido un 24 por 100 y un 17 por 100, respectivamente.
Señorías,
Reforma del sector financiero, reforma del mercado de trabajo y ahora, las demás que inciden directamente en nuestra competitividad.
El período expansivo anterior a la crisis se caracterizó por un bajo crecimiento de la productividad y una pérdida de competitividad frente a los países de nuestro entorno. En los dos últimos años hemos dado ya algunos pasos alentadores: la moderación salarial, junto a las ganancias de productividad, han permitido recuperar un tercio de la competitividad-precio que habíamos perdido desde nuestro ingreso en el euro en 1999. Y un tercio es un dato apreciable.
Con todo, esta mejora de la competitividad no es suficiente al tratarse de un elemento consustancial al futuro modelo de crecimiento. Por ello, estamos redoblando los esfuerzos en las políticas de empleabilidad, educación, innovación, internacionalización, simplificación administrativa y fomento a los emprendedores.
La economía española necesita un entorno que facilite, aún más, en todos sus aspectos el desarrollo y consolidación de nuevos proyectos empresariales. Para ello, se ha avanzado, y seguiremos haciéndolo, con medidas fiscales, financieras y normativas pensando en facilitar la actividad de PYMES y trabajadores autónomos, y fomentar y dar respuesta al espíritu de tantos emprendedores que hay en nuestro país y que no pueden, por limitaciones de financiación, llevar adelante sus proyectos.
En materia educativa hemos incrementado en 2011 partidas clave en lo que ha sido y es nuestra principal prioridad educativa, la reducción del abandono escolar, con una dotación de 145 millones de euros, un 13 por 100 más que en 2010. Aunque todavía no podemos apreciar el alcance pleno de estas medidas, los últimos datos de fracaso y de abandono escolar vuelven a ser positivos, situándose en los niveles mínimos de los últimos diez años.
Para la innovación el hecho más relevante es la reciente aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que dará nueva fuerza a la Estrategia Estatal de Innovación, que ha movilizado más de 4.500 millones de euros en 2010 para apoyar la innovación empresarial, que es clave para la internacionalización de nuestras empresas.
El impulso a la Sociedad de la Información ha visto el desarrollo del Plan Avanza 2, la garantía de acceso a Internet a la velocidad de un megabit por segundo para todos los ciudadanos, lo que beneficiará a 350.000 hogares, y el inicio del proceso de asignación de la banda ancha móvil, que generará inversiones privadas de cerca de veinticinco mil millones de euros en los próximos cinco años.
La puesta en marcha del nuevo Fondo de Internacionalización de la Empresa, el FIEM, y la conversión del ICEX en una entidad pública empresarial, llevada a cabo el pasado mes de mayo, para hacerlo más flexible, cercano a las empresas y con mayor capacidad de obtener y gestionar recursos, reforzarán el apoyo a nuestro sector exportador.
El pasado mes de diciembre acortamos el tiempo para crear una empresa, pasando de treinta días a veinticuatro horas; favorecimos el crecimiento y la inversión empresarial al generalizar la libertad de amortización, al declarar exentas las operaciones de ampliación de capital, al mejorar el Impuesto de Sociedades para las empresas de reducida dimensión, al eliminar la obligatoriedad del pago del recurso cameral y al aprobar un nuevo paquete –el cuarto desde 2008– de reducción de cargas administrativas, que se estima generará un ahorro de dos mil millones de euros al año. Y un poco antes mejoramos la fiscalidad de las PYMES de menor tamaño y de los autónomos que mantengan el nivel de empleo, medidas que han sido prorrogadas hasta el final del presente ejercicio.
También hemos continuado apoyando la modernización de sectores estratégicos para nuestro crecimiento. Se ha puesto en marcha el Plan Integral de Política Industrial 2020 para mejorar la competitividad de nuestra industria y aumentar su peso en nuestro tejido productivo; un apoyo que está dando sus frutos en sectores como el automóvil, donde las ayudas al tejido industrial en un momento de crisis han permitido que no se haya cerrado ni una sola planta y que diversos fabricantes hayan anunciado nuevos modelos, lo cual garantizará el futuro del sector para la próxima década; un sector muy competitivo de nuestra economía española.
Hemos adoptando nuevas medidas para reconducir el déficit de tarifa eléctrica y hemos aprobado el Plan Urgente de Ahorro y Eficiencia Energética, que va a suponer un ahorro del 5 por 100 de nuestro consumo energético
Se ha culminado la reforma de los servicios de control de la navegación y el tránsito aéreo, que permitirá una reducción del 15 por 100 en las tasas, especialmente beneficiosa para el turismo. Y se ha desarrollado el marco normativo para dar paso a la participación privada en la gestión de AENA, estableciendo las concesiones de los aeropuertos de Madrid y Barcelona, cuya licitación es ya muy próxima.
Estamos reorientando el mercado de la vivienda fomentando el alquiler y la rehabilitación. En 2010 se aprobaron incentivos fiscales, tanto en el IRPF, como en el IVA, para impulsar la rehabilitación, incentivos que han sido ampliados en abril y que reactivarán un empleo más estable en el sector de la construcción.
Paso ahora, Señorías, a revisar el segundo eje de la política económica frente a la crisis, el de la consolidación fiscal.
El cumplimiento de la senda de consolidación fiscal que nos permita cumplir en 2013 con los objetivos del Pacto de Estabilidad y Crecimiento es imprescindible para ganar confianza en nuestra economía y dotar de estabilidad al conjunto de la zona euro.
Como saben, concluimos el ejercicio de 2010 logrando el objetivo de déficit previsto para el conjunto de las Administraciones públicas al situarlo una décima por debajo de lo previsto, en el 9,3 por 100. Fue el Estado el que asumió la mayor parte del esfuerzo realizado (3,7 puntos del PIB).
La reducción de más de diecinueve mil millones de euros del déficit público, hasta el 9,2 por 100 del PIB –sobre la que algunos sembraron dudas de forma prematura–, no hubiese sido posible sin las medidas convalidadas en esta Cámara en mayo de 2010; medidas de ajuste que han supuesto sacrificios importantes para algunos colectivos a los que debo reconocer ese esfuerzo, como los empleados públicos.
El objetivo de reducción de déficit público en 2011, hasta el 6 por 100 del PIB, es muy exigente y, a diferencia de 2010, se trata de un esfuerzo más compartido entre el conjunto de las Administraciones Públicas. Para lograrlo, es imprescindible, por tanto, el compromiso de todos y, particularmente, el de las Comunidades Autónomas, a las que el Gobierno solicita colaboración leal, y un intenso ejercicio de responsabilidad fiscal.
Los datos de ejecución presupuestaria disponibles señalan la rápida reducción del déficit de la Administración General del Estado, del 53 por 100 hasta el mes de abril, y el mantenimiento del superávit de la Seguridad Social, lo que muestra que el cumplimiento de este objetivo global es posible.
A ello contribuirá, sin duda, la evolución positiva de los ingresos. Hasta el mes de mayo de este año –ya datos de mayo–, los ingresos totales ascienden a 75.362 millones de euros y registran un aumento del 5,9 por 100; en términos homogéneos, del 4,3 por 100, si se quiere, y superior, por tanto, al acumulado a finales de abril.
Sin embargo, la información del primer trimestre en algunas Comunidades Autónomas indica la existencia de incertidumbres que nos recuerdan que el cumplimiento del objetivo requiere la aplicación estricta de la senda trazada para todas las Administraciones Públicas.
Precisamente para garantizar la sostenibilidad fiscal en el medio plazo, el Gobierno propondrá, en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera del próximo mes de julio, la aprobación de una regla de gasto a las Comunidades Autónomas similar a la que se va a aprobar en el Estado y en las Corporaciones Locales. El Gobierno remitirá esta última a la Cámara en las próximas semanas.
Además, continuaremos trabajando conjuntamente para incrementar la calidad de la información presupuestaria disponible; un ámbito en el que hemos avanzado claramente en 2010 con la publicación de información homogénea de todas y cada una de las Comunidades Autónomas con periodicidad trimestral.
Por último, con la aprobación por parte del último Consejo de Ministros del límite de gasto no financiero y su remisión a esta Cámara, el Gobierno ha dado el primer paso en relación a la elaboración de los Presupuestos para 2012. De nuevo, habrá que tomar acciones decididas; pero se hará de manera selectiva, preservando el gasto social, lo que ha sido una seña de identidad de todo el proceso de consolidación fiscal.
Precisamente, Señorías, a la protección social, tercer gran eje de la acción del Gobierno, quiero referirme a continuación.
La defensa del Estado de Bienestar ha sido siempre preocupación y prioridad absoluta del Gobierno. Lo fue en momentos en los que la evolución económica era favorable, donde aprovechamos para ampliarlo. Lo es, aun con mayor intensidad, ahora, cuando las consecuencias de la crisis han afectado a muchos ciudadanos, y de manera muy grave, y la necesidad de velar por la cohesión social es más acuciante.
La fortaleza de nuestra política social se refleja en el presupuesto asignado en 2011. El Gobierno ha dedicado más de 180.000 millones de euros a políticas sociales. Esta cifra supone un 58 por 100 de los presupuestos totales y un aumento del 1,3 por 100 respecto a 2010. Si excluimos las prestaciones por desempleo, este año dedicaremos cincuenta mil millones de euros más a política social que en 2004. Con estos recursos hemos trabajado para preservar al máximo la protección social, desde los criterios de austeridad, eficacia, lealtad y cooperación con las demás Administraciones.
La reforma del sistema de pensiones, para adaptarlo al proceso de envejecimiento de nuestra población, sitúa las previsiones a largo plazo de gasto en pensiones en relación al PIB en una senda de sostenibilidad; sirve para que los trabajadores más jóvenes puedan confiar en el futuro y refuerza la confianza de los inversores en la sostenibilidad de nuestras finanzas públicas en el medio y largo plazo.
La reforma permite, además, que se pueda mantener una política respecto de los colectivos más desfavorecidos. Es una política que ha llevado a una revalorización de las pensiones mínimas de un 27 por 100 en términos reales desde 2004; una política que en 2011, cuando las dificultades económicas nos han obligado a suspender, sólo por este año, la revalorización general de las pensiones, nos ha permitido incrementar las pensiones mínimas y las no contributivas en un 1 por 100, beneficiando a más de tres millones de pensionistas, el 34 por 100 del total.
La sanidad, después de las pensiones, es la partida a la que dedicamos un mayor volumen de recursos, más de setenta mil millones de euros en este ejercicio. También es el servicio público que más valora la ciudadanía y, sin duda alguna, el derecho social que representa una mayor igualdad de oportunidades y la determinación de lo que es el Estado del Bienestar.
Las medidas acordadas con las Comunidades Autónomas en 2010, dentro de los trabajos por el Pacto de la Sanidad, muestran una voluntad compartida por todas las Administraciones sanitarias de asegurar una financiación adecuada para mejorar la eficiencia y eficacia de las prestaciones sanitarias, sin menoscabar la calidad y equidad de un sistema que es referencia internacional. En este último año el Gobierno ha desarrollado los acuerdos en política de racionalización del gasto farmacéutico, que han permitido que el gasto acumulado hasta abril de este año se haya reducido un 12 por 100 respecto al mismo período del año pasado.
El Gobierno también ha continuado reforzando las políticas educativas más relacionadas con la igualdad de oportunidades. Este curso hemos dedicado 1.530 millones de euros a becas, casi un 9 por 100 más que el curso anterior y el doble que en 2004. Cerca de 1.700.000 estudiantes en España reciben becas o ayudas al estudio, 390.000 más que en 2004. Esta tendencia se mantendrá el próximo curso, con un presupuesto que crece un 5 por 100.
También hemos seguido ampliando la educación infantil a través del Programa Educa3. Este curso el número de niños que comienzan su escolarización antes de los tres años ha aumentado cerca de un 8 por 100 y la tasa de escolarización a esas edades ha alcanzado el 30 por 100, el doble que en 2004.
Para facilitar la empleabilidad de los jóvenes, la reforma de la Formación Profesional se completará en las próximas semanas regulando nuevas vías para una orientación más temprana hacia la Formación Profesional, pasarelas flexibles entre la Formación Profesional y otros niveles educativos, una oferta de formación más ajustada a la demanda de las empresas y el reconocimiento mutuo de los estudios superiores de Formación Profesional y los universitarios.
Es la continuación de un esfuerzo mantenido desde 2004: el Gobierno ha quintuplicado los recursos que destina a Formación Profesional hasta superar los 180 millones de euros y ha actualizado la oferta formativa y la información disponible. Gracias a todo ello, estamos en máximos históricos en la matrícula de Formación Profesional; en máximos históricos y aún lejos de los niveles medios de los países económicamente más fuertes de la Unión Europea. 570.000 alumnos, 35.000 más que en 2004, que, con su título, verán duplicadas sus posibilidades de encontrar empleo.
La oferta incrementada de Programas de Cualificación Profesional Inicial se está mostrando como un instrumento eficaz para integrar en la FP a jóvenes que abandonaron sus estudios durante el ciclo expansivo: en los últimos dos años los alumnos matriculados en estos programas han alcanzado los ochenta mil.
Y espero que el compromiso asumido por las grandes empresas y por CEOE y CEPYME para ofrecer treinta mil becas preferentemente dirigidas a jóvenes sin formación o cualificación esté efectivamente en práctica en muy pocos días.
Señorías,
El Gobierno sigue velando especialmente por la protección de los desempleados; sin duda alguna, nuestro mayor problema social, el más grave, el que más inquietud genera y más dificultades produce a muchas familias. A pesar del aumento en el paro de larga duración, la tasa de cobertura se sitúa en el 70 por 100 de los desempleados en nuestro país, diez puntos por encima de la que existía en 2004.
En 2011 el Salario Mínimo aumentó un 1,3 por 100, pero desde principios de 2004 acumula ya una subida del 17,5 por 100 en términos reales.
Hemos proseguido, conforme a nuestros compromisos, con el desarrollo de la Ley de Dependencia, gracias al cual más de setecientas mil personas reciben ya algún tipo de prestación. Además, el sistema de dependencia ha generado la creación de 250.000 empleos.
Hemos seguido apoyando el acceso a la vivienda, tanto en propiedad, donde la construcción de vivienda en protección supone más de un tercio del total, como en alquiler, donde cerca de trescientos mil jóvenes se han beneficiado ya de la Renta Básica de Emancipación.
Por otra parte, el Gobierno es consciente de la coyuntura especialmente difícil a la que se enfrentan las familias que pierden su vivienda y siguen debiendo dinero al banco, porque su valor no es suficiente para cubrir lo que resta de hipoteca. Por ello, en abril de 2010 se aumentó la cantidad mínima de ingresos de las familias que no puede ser embargada; pero vamos a hacer un nuevo esfuerzo en este sentido. En las próximas semanas aprobaremos nuevas medidas de protección de las personas sujetas, por imposibilidad de atender a sus compromisos, a procedimientos de ejecución hipotecaria, que serán compatibles con los imperativos de seguridad jurídica y de solvencia de las entidades prestatarias.
Señorías,
Los datos están ahí. A pesar de los ajustes extraordinarios que hemos realizado, los recursos para protección social que ofrece el Estado de Bienestar son hoy un 60 por 100 mayores que cuando llegamos al Gobierno en 2004: las pensiones mínimas se han incrementado en más de un 50 por 100; se ha duplicado el gasto en becas; el gasto público en sanidad per cápita ha pasado de 1.000 euros a más de 1.500; se ha puesto en marcha un sistema de dependencia del que se benefician más de setecientos mil ciudadanos y la protección por desempleo alcanza un gasto de 30.140 millones de euros, lo que supone una cobertura del 70 por 100.
Hay muchas personas en nuestro país que lo están pasando mal, lo sé muy bien; pero con este esfuerzo, con esta red de transferencias sociales, la más tupida y extensa de nuestra historia, aliviamos en parte esas situaciones y, sobre todo, preservamos sustancialmente la cohesión social de nuestro país.
Creo, Señorías, que, al actuar así, con la voluntad de extender al máximo la cohesión social dentro de lo posible, el Gobierno interpreta la voluntad mayoritaria de la sociedad española, que es una sociedad solidaria y que valora el equilibrio y la estabilidad.
Éste es el estado de las reformas, de la consolidación fiscal y de la protección social; lo que el Gobierno ha hecho en el último año en los tres ámbitos y algunas de las iniciativas que en cada uno de ellos va a adoptar en las próximas semanas.
En concreto, Señorías, el Gobierno se propone culminar su proceso de reformas y ello demanda una triple tarea:
– Lograr la aprobación definitiva en las Cámaras de las leyes que están pendientes; de manera singular por la importancia, aunque se han dado pasos significativos, la Ley de la reforma de la Seguridad Social, pero otras normas relevantes como la reforma del sistema de integración del Régimen Especial Agrario en el Régimen General de la Seguridad Social; un amplio paquete de leyes modernizadoras de la Justicia; la reordenación de las Telecomunicaciones, del transporte por carretera y de los sectores eléctrico y de hidrocarburos; el reconocimiento de nuevos derechos a la igualdad de trato y un largo etcétera.
– En segundo lugar, desarrollar algunas de las ya aprobadas, como la de las políticas activas de empleo, en colaboración con Comunidades Autónomas y los interlocutores sociales, o la de la Formación Profesional, o la implantación efectiva de la prestación por cese de actividad de los autónomos, o la reforma de AENA, o el nuevo régimen del juego.
– Por último, vamos a completar el proceso de reformas con nuevas iniciativas que responden a compromisos ya asumidos y que, entre otras cosas, supondrán una nueva regulación del silencio administrativo para convertirlo en positivo en un buen número de procedimientos; medidas de protección para los sometidos a ejecución hipotecaria, como antes referí; normas para incrementar la seguridad jurídica en el tráfico inmobiliario o nuevas medidas en favor de los emprendedores y para aliviar la morosidad que padecen, especialmente, PYMES y autónomos ante las Entidades Locales.
Es un programa de trabajo para el Gobierno y para las Cámaras, una tarea suficiente para los meses que nos quedan por delante.
Señorías, señor Presidente,
La inquietud y el malestar generado por la crisis ha provocado que desde algunos sectores sociales se dirija, en los últimos tiempos, una mirada exigente a nuestro sistema político, reclamando del mismo ejemplaridad y respuestas justas. Este sentimiento también forma parte del estado de la nación.
La democracia, la democracia representativa, está asociada a las mayores cotas de libertad y bienestar colectivo que los seres humanos hayan conocido nunca. Nuestra historia reciente, la de los últimos treinta años, es un buen testimonio de ello y esto es así, precisamente, por el carácter de régimen abierto, en esencia perfectible, del sistema democrático; permeable como ningún otro a las demandas y reivindicaciones de los ciudadanos. Si hay democracia, hay cambio y hay respuesta a los cambios políticos y sociales.
Desde que llegué al Gobierno he procurado promover mejoras democráticas y, con mayor o menor acierto, con mayor o menor colaboración, que muchas veces resulta imprescindible, se han producido, creo, avances en este período en algunos ámbitos de relevancia.
Desde luego, ha sido así en materia de derechos cívicos y sociales para reforzar la posición de los ciudadanos frente al poder y en la sociedad, para eliminar discriminaciones y para ampliar el espacio de la libertad individual y el respeto a la conciencia de cada uno. También hemos tratado de facilitar el control del poder y en los medios de comunicación, reforzando la independencia de los públicos y garantizando el máximo respeto y pluralidad a los privados. Y, respondiendo a las demandas de las Comunidades Autónomas, hemos propiciado la culminación de la distribución territorial del poder, el reconocimiento de nuestra gran diversidad política y el respeto y apoyo a todas las lenguas del Estado.
Avanzar en el desarrollo de los derechos de los ciudadanos es uno de los grandes elementos de legitimación material de las instituciones democráticas. Garantizar el funcionamiento adecuado de esas instituciones es también fundamental. Esto explica el amplio número de iniciativas que ha impulsado el Gobierno en el ámbito de la Justicia y, asimismo, durante el último año el Gobierno ha mantenido su estrategia de lucha contra el terrorismo.
Lo ha hecho sobre tres pilares: la eficaz actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, una muy fluida y consolidada colaboración internacional, y la adopción de una reforma legal que persigue evitar cualquier posibilidad de burlar la exclusión de la vida institucional de aquellas organizaciones que no rechacen la violencia.
Lo ha hecho en todos los casos de acuerdo siempre con la Constitución y las leyes, y con las respectivas decisiones de los Tribunales en aplicación de ambas. Así va a continuar siendo. En particular, el Gobierno va a velar por el respeto a todos los derechos fundamentales de los ciudadanos y de sus representantes en las instituciones democráticas; va a velar por el cumplimiento estricto de la Ley en todos los Ayuntamientos y, por supuesto, por el respeto, el afecto y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo. Para ello, espera seguir contando con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas de las Cámara, como, igualmente, para la aprobación de la Ley de Víctimas que se encuentra en tramitación ante la misma.
No quiero dejar de lamentar, Señorías, la experiencia de la última renovación tardía en el Tribunal Constitucional en el Senado y que ese retraso se pueda repetir en esta Cámara; un retraso ya excesivo, inadmisible. También lamento que el debate político haya irrumpido en los últimos tiempos en la crítica a las Resoluciones del Tribunal Constitucional. Espero que en los próximos días o en pocas semanas seamos capaces de asumir nuestra responsabilidad y alcancemos un consenso suficiente para la renovación del Tribunal Constitucional.
Sí, Señorías, naturalmente, nuestra democracia es perfectible. Debemos de tratar de mejorarla día a día y debemos seguir haciéndolo con reformas normativas y de conductas democráticas. Nuestra responsabilidad es mayor en estos tiempos de incertidumbre y dificultad.
Salvo expresiones minoritarias de intimidación y coacción, condenables y absolutamente inaceptables, lo que hemos visto en las últimas semanas son manifestaciones y demandas realizadas al amparo de derechos democráticos. Forman parte de la fisiología y no de la patología de nuestro modelo de convivencia, y reivindican, en el fondo, el valor de la política.
Podemos discrepar, y yo lo hago, con no pocas de las propuestas que se hacen en algunas de esas manifestaciones; pero deben ser objeto de respeto y son de interés para los gobernantes democráticos. Y lo son, precisamente, porque tenemos la permanente obligación de dar respuesta a las inquietudes sociales, con humildad; a las que se formulan a través de esos cauces y a las demás que expresan por otras vías los ciudadanos. Más, insisto, en estos tiempos en que la crisis arroja sobre nosotros tantos interrogantes.
Voy concluyendo, Señorías. Lo haré con una reflexión final sobre el significado y la magnitud de la crisis, y lo que supone de gran reto colectivo para todos.
A estas alturas nadie puede dudar de que lo que estamos viviendo no es sólo un cambio de ciclo económico, es algo más que eso. Esta crisis tiene una manifestación diferente. En su dimensión internacional, entraña un grave desafío para la posibilidad misma de una globalización ordenada y justa, de una globalización que no desapodere a las instituciones democráticas, a los Parlamentos soberanos en representación de los ciudadanos, de la capacidad de respuesta y de responsabilidad ante sus compatriotas.
En el ámbito territorial que más nos concierne, en Europa, la crisis está suponiendo un enorme reto para la gobernanza de la Unión Económica y Monetaria.
Y en su dimensión nacional, estos desafíos han confluido con uno adicional para nosotros, el cambio de modelo productivo. Lo he dicho ya en diversas ocasiones: no podremos volver a crecer y a crear empleo del modo en que lo hicimos en el pasado. Tenemos que ser más competitivos, más innovadores, más flexibles y más eficientes, como país, como Administraciones Públicas, como muchas empresas y también como trabajadores que están soportando el peso mayor de la crisis. Para eso tenemos que perseverar en el proceso de reformas, en la mejora de la eficiencia y en la austeridad.
Señorías,
Comprendo muy bien a tantos ciudadanos en su impaciencia por ver el final del túnel. La comprendo, porque siento esa impaciencia todos y cada uno de los días; pero esa impaciencia no me ha llevado nunca a dudar del rumbo elegido con todas las dificultades que ha comportado.
La superación de esta crisis no depende sólo de nosotros, pero estamos haciendo lo que depende de nosotros. Así lo creo, aunque la tarea aún no arroje, al día de hoy, los resultados que deseamos.
Tampoco la impaciencia me ha llevado a dudar en ningún momento de nuestra capacidad como país y nadie debería hacerlo. Hemos superado en el pasado otros retos colectivos de una magnitud semejante y contamos con fortalezas indiscutibles.
La renta per cápita de España se sitúa en torno a los veinticinco mil euros y se mantiene por encima del promedio europeo, a pesar de la crisis económica, de la grave crisis económica; la renta disponible es un 17 por 100 superior a la que había en 2003 (cien mil millones de euros más); disponemos ya de una de las mejores redes de infraestructuras del mundo; algunas de nuestras empresas lideran internacionalmente diversos sectores; nuestra energía exportadora crece cada día; hemos avanzado claramente en la investigación y en la innovación; en el ámbito de las Tecnologías de Información y de la Comunicación las empresas españolas son líderes en Europa en la utilización de banda ancha; comenzamos a reducir nuestros graves déficit educativos y, además, disponemos de un patrimonio y una riqueza sin comparación en nuestra capacidad y creatividad cultural; disfrutamos de un nivel de servicios públicos muy estimable y hemos logrado un considerable desarrollo de la política social y del Estado de Bienestar que debemos proteger, que todos debemos contribuir a proteger.
Es decir, las reformas no caen en barbecho. Operan sobre estas fortalezas, las activan al máximo y aseguran que nuestro país pueda dar un salto hacia adelante en competitividad y recuperar el crecimiento, el empleo y las cotas de bienestar.
Pero necesitamos seguir haciendo un gran esfuerzo colectivo, con plena conciencia de que está en juego nuestro bienestar para las próximas décadas y que está en juego desmentir la afirmación de que vamos a tener una generación perdida. Mi opinión es que no vamos a perder una generación, la generación de los jóvenes que tienen una alta formación en nuestro país; pero ello va a exigir un gran esfuerzo colectivo, un gran sentido de la responsabilidad y una gran colaboración entre todos.
España va a superar una prueba dura, en un contexto europeo e internacional muy complicado. Hay que llegar hasta el final y sabremos hacerlo. Este esfuerzo no es un esfuerzo ciego, al servicio de una ortodoxia económica o impuesto desde fuera. Yo no lo concibo así. Si este esfuerzo tiene sentido, y lo tiene plenamente, es para poder renovar, en el contexto, eso sí, más exigente en el que ahora nos toca vivir, nuestras aspiraciones de una sociedad más equitativa, capaz de extender el bienestar y de dispensar oportunidades a todos.
Sé muy bien que las reformas, los ajustes y los cambios que se reclaman a los países y a sus ciudadanos han de tener una contrapartida de esperanza para nuestros pueblos. De lo contrario, corremos el riesgo de la desafección hacia las instituciones, bien sean europeas o de nuestro país, que han de proveer de bienestar o, al menos, de un horizonte claro de ese bienestar.
De ahí nuestra constante preocupación por velar por la cohesión social y por propiciar un reparto más equitativo y solidario de los costes de la crisis. De ahí también nuestra constante voluntad de seguir promoviendo, una y otra vez, el diálogo con los grupos políticos, con las Administraciones y con los agentes sociales, empresarios y sindicatos, a quienes quiero agradecer su sentido del diálogo y la responsabilidad que están demostrando.
El esfuerzo colectivo y la colaboración institucional no han tenido nunca en España más sentido que ahora, y las urgencias políticas no deberían llevar a nadie a desdeñarlo, porque seguirán teniendo sentido después de las próximas elecciones generales, gobierne quien gobierne entonces.
Todos deberemos rendir cuentas de nuestra actitud y, en este sentido, sin duda alguna, en primer lugar, el Gobierno y su Presidente. La colaboración no significa renunciar a las alternativas, pero sí requiere concretarlas, para que la posibilidad de un diálogo mínimamente constructivo sea, al menos, verosímil. Por ello, con la máxima franqueza y disponibilidad, les vuelvo a ofrecer y a pedir esa colaboración, ese esfuerzo colectivo para que salgamos definitivamente adelante.
Señor Presidente,
Concluyo. Como saben, éste es mi noveno Debate del Estado de la Nación, pues he celebrado tres Debates como líder de la oposición y seis como presidente del Gobierno. Es verdad que en estos años hemos tenido intensos debates, a veces acalorados, seguramente en algún momento exagerados. Hemos debatido sobre la guerra y la paz, sobre la discriminación y la solidaridad, y sobre cómo terminar antes con la violencia de ETA. Lo hemos hecho en períodos de prosperidad y también en esta época de recesión y grave preocupación social; pero siempre hemos preservado la mayor riqueza que tenemos: la convivencia en paz y en libertad. De ahí que mi actitud, siempre que he subido a hacer un Debate sobre el Estado de la Nación, ha sido de respeto: de respeto, en primer lugar, a los ciudadanos, a quienes nos debemos; de respeto a esta institución, a la Cámara que encarna la soberanía popular; de respeto a todos los grupos y a Sus Señorías.
Ese respeto es aún más profundo para mí a mi país, a España, sobre la que expreso mi más absoluta confianza en su futuro. Y deseo expresar mi agradecimiento a todos los grupos políticos que, con crítica o reproches, vienen, y lo han hecho, en unos momentos más y en otros menos, colaborando con el Gobierno. Mi respeto a todos los grupos y mi gratitud a aquellos que han colaborado.
Y al Grupo Socialista, mi más profunda gratitud por su lealtad, por su compromiso y por su responsabilidad, el sentido de la responsabilidad que se espera de todos nosotros hoy, mañana y todos los días del futuro.
Gracias.
