Rectificacion sobre el Estatuto de Cataluña

1932-06-12 - José Ortega y Gasset


Señores diputados: sobre lo que me ocurrió decir al Parlamento hace
dos semanas ha caído una lluvia de discursos, fértil como suelen ser las
lluvias; pero que ha tenido el inconveniente de obligarme a hacer una rectificación;
mas hubiera sido excesiva torpeza no demorar ésta, contribuyendo
así a que continuase el proceso anómalo de esta discusión, en que
se empleaban a lo mejor sesiones enteras discutiendo discursos como el
mío, emanados de los grupos menores de la Cámara, cuando aún ignorábamos
todos el parecer del Gobierno sobre el tema que discutimos. Debate
tal no podía tener ninguna corporeidad; cuanto nosotros opinásemos y
cuanto nuestros opositores contraopinasen podía aspirar cuando más, a
ser una lucida anécdota, pero no a hacer avanzar un paso esta discusión.
Era, pues, menester aligerarla, acelerarla, a fin de que pronto divisásemos
la otra orilla, como por fin lo hemos hecho el viernes pasado al escuchar la
palabra excelente del señor presidente del Consejo. Lo demás era conversación
de Puerta de Tierra.

Al contestar a mis adversarios quisiera ser muy breve. Mas debe recordar
la cámara que han sido muchos los discursos dedicados a desvirtuar,
machacar y porfirizar mis razonamientos, y que, por tanto, no puedo contraerme,
como quisiera, a unos minutos solos en esta rectificación. Ante
todo, tengo que poner aparte y separado de todo lo demás, un ataque que
no se ha dirigido a las opiniones expuestas por mí, sino que, perforando
éstas, ha venido a prenderse en mi persona, aunque no sólo en mi persona.
Me refiero a un ataque personal que, insinuado ya en el discurso del
señor Xiráu, repercutido en la oración del señor Franchy, ha sido lanzado
por el señor Hurtado tan a fondo y con tal amplitud, que vino a ocupar casi
la mitad de su intervención. Yo espero, no obstante, en cuatro o seis minutos,
afrontar esta embestida.

¡Curiosa actitud la del señor Hurtado! Había yo puesto toda mi alma y
mis sentidos en el esfuerzo de presentar el problema catalán, no sólo
peraltado sobre toda incidencia personal, sino libertándolo de todos aquellos
detalles transitorios y enturbiadores que trae siempre la actualidad,
presentándolo en su aspecto más puro y respetable, dignificado por la
perspectiva y resonancia de una historia entera, de un destino multisecular.
Había yo renunciado radicalmente a cuanto pudiera parecer fácil tergiversación
y halago a cualquier pasión anticatalana y había podido hablar,
durante hora y media, sin que una sola de mis palabras hubiese podido
herir la epidermis más sensible de un catalán, hablando de su historia
desde el fondo de ella misma; porque cuando pase esta lucha aguda de
ahora, bien puedo asegurar –cierto estoy de ello- que una generación de
jóvenes catalanes coincidirá al sentir y escribir su historia, con lo que yo
insinué rápidamente en mis palabras. Y a todo esto respondió el señor
Hurtado con un ataque personal, con una serie de argumentos ad hominem,
de argumentos sobre el hombre; peor aún, porque tal vez por no encontrar
argumentos sobre el hombre, fue más allá de él a buscarlos en la familia
del hombre y, un poco hiena, se puso a escarbar en las tumbas. Y todo
para someter a análisis mi sangre, y no sólo la mía, sino la de otros compañeros
a los cuales no tengo por qué defender yo, e insinuar a la Cámara
que sus ingredientes ancestrales hacían que la inexorable química de que
nacen mis opiniones tuviera que ser fatalmente monárquica.

Señores, aunque yo no he aspirado nunca precisamente a poner los
puntos al Cid, no me asustan los ataques personales. Llevo un cuarto de
siglo en puro e incesante combate público, de cariz tal, por el modo de mis
opiniones, que he recibido constantemente golpes de un lado y del otro, de
suerte que no es fácil haya en mi persona cuadrante alguno que no presente
callo. No me preocupa, pues, lo que el señor Hurtado haya dicho, ni que
el señor Hurtado lo haya dicho: lo que me preocupa es otra cosa, porque
eso dicho por él, lo que hubiera podido traer consigo a lo sumo es que,
oyéndole, automáticamente se incorporase en mi mente yo no sé si un
vago recuerdo o pura fantasía involuntaria de una fecha poco anterior al 15
de diciembre de 1930 y poco posterior a los días en que yo había publicado
ciertos artículos en El Sol, que dieron algo que hablar; y en esa fecha una
figura muy parecida a la del señor Hurtado, que viene a convencerme de
que lo hecho por mí era una insensatez, que la República no vendría nunca
a España y que lo que debíamos haber hecho, y hacer aún, era intentar un
nuevo ensayo con la monarquía. (Grandes y prolongados rumores.)

Pero, repito, que esto no tiene importancia. Sea recuerdo vago o pura
fantasía mía, no tiene importancia ni para mí ni para el señor Hurtado.
Pero sí la tiene, no para la historia de España, ni para la República, sino
para mi persona, la actitud que, mientras aquello se decía, adoptaba la
Cámara; porque mientras el señor Hurtado echaba fuera de su pecho aquellos
ataques personales, una gran parte de la Cámara aplaudía o mostraba,
al menos, subrayada complacencia, y el resto, salvo muy pocos, no
hacía alarde alguno de displicencia. Bien entendido que tampoco esto me
ofende ni me irrita. Se trata de una cosa mucho más sencilla, clara,
precisable, casi estoy por decir que de una simple operación de aritmética
elemental. Porque yo me he presentado ante mis conciudadanos, y muy
especialmente ante mis compañeros de Parlamento, como un hombre que
duda mucho de que su intervención política pueda ser útil, porque me faltan
para ello casi todas las condiciones, desde las físicas hasta otras más
trascendentes y, por tanto, desde el día en que presenté mi candidatura de
diputado –presentación que fue entonces un claro deber- es para mí una
constante congoja de conciencia decidir si no podía yo con mayor certidumbre
servir a mi país fuera o dentro de él en otras materias. Pero, claro,
si yo tengo que defenderme de acusaciones de monarquismo, como tuvo
el otro día que defenderse el señor Sánchez Román en párrafos de tonante
irritación... ¡Ah!, el señor Sánchez Román es más joven que yo y tiene
muchos más arrestos; pero yo no puedo defenderme, porque es evidente
que si ahora o en cualquier otra ocasión, que lo mismo que ahora se pudiera
presentar, tuviese que gastar esas pocas energías de que hago ostentación
únicamente en ponerme a nivel de republicanismo, en ser admitido en
el coro republicano, en suma, en hacer oposiciones a una republicana vacante,
entonces es bien claro que mi intervención no puede sobrenadar en
utilidad para mi país, y esa actitud de la Cámara aclara, en principio, mi
situación interior. Conste, pues, que no se trata de una queja, ni mucho
menos pretendo lo más mínimo rozar el albedrío de la Cámara que, en uso
de su perfecto y libérrimo derecho, se comportó como lo hizo; pero a lo que
no tendrá tanto derecho es a mostrar extrañeza o sorpresa ante eventuales
resoluciones que, con respecto a mi propia y modestísima actuación, pueda
yo adoptar en vista de ello. Y quede así concluso el asunto separado
por un compartimiento estanco de todo lo demás. (Rumores.)

Y eso demás, de que tengo que hablar, no tiene ya carácter personal y
se referirá, primeramente, a las argumentaciones que se han hecho contra
mis opiniones o contra el dictamen de nuestro grupo, y luego, más brevemente,
a lo que importa más: a la posición dibujada por el presidente del
Consejo de Ministros; a su posición, no a sus doctrinas históricas, interesantes
como no podía menos, viniendo de quien vienen, pero que me parecen
demasiado discutibles y, por lo mismo, no conviene enzarzarlas en
este debate, so pena de no acabar nunca.

Y he aquí, que quiéralo o no, para contestar a mis adversarios me veo
obligado a hablar, una vez más, sobre el tema «soberanía», porque no
puedo admitir que quede lastrado el Diario de Sesiones con las ideas sorprendentes,
que se han opuesto a las mías, sin procurar dejar en él alguna
compensación; pero no me importa hacer notar, ante todo, el hecho de que
cuanto yo hablé de soberanía viene a desalojar en ese Diario cinco o seis
líneas nada más y, sin embargo, esas líneas, pobres y pocas, han tenido la
virtud de prolificar dilatadas disertaciones doctrinales sobre el tema.

Hablemos, pues, un poco de soberanía; pero advierto que entro en el
tema con gran temor, porque, como en tantas otras, en materia de Derecho
mi ignorancia es tal, que no es fácil hallarle las riberas; mas se trata de
cuestión de tal modo elemental, que es ilícito no poseer idea clara sobre
ella desde que se entra por esa puerta. Tomemos, por tanto, el problema
de soberanía en la forma más clara, más concreta en que frecuentemente
se suele presentar; esto es, cuando se habla del Poder soberano.

¿Qué se dice de un Poder cuando se le añade el atributo de soberano?
Parece imposible que sobre el particular quepa duda alguna, porque la
palabra soberanía presenta de sobra a la intemperie su musculatura
etimológica y va, por decirlo así, gritando su significación. Ha de advertirse,
ante todo, que cuando de un Poder se dice que es soberano, no se dice ni
indica nada, rigurosamente nada, sobre si ese Poder puede mandar muchas
o pocas cosas; no se dice nada sobre la extensión de ese Poder,
sobre si es absoluto o no es absoluto, sobre si tiene límites o no los tiene.
Se dice exclusivamente que un Poder es soberano cuando es el Poder
supremo y fundamental del cual emanan todos los demás y que, por ser el
primero, no nace a su vez de otro Poder anterior y previo, sino que nace de
sí mismo, que es autógeno. Y si imaginásemos un Poder público, un Estado
que pudiese mandar poquísimas cosas, no obstante, en ese Poder público
tendría que haber Poder soberano del cual emanasen, en última competencia,
esos poquísimos mandatos.

La idea de soberanía no alude, pues, para nada a la extensión mayor o
menor del Poder, sino que significa exclusivamente el rango, primero o
último, según queráis contar: en resolución, el rango supremo que a un
Poder corresponde y la condición que éste tiene de nacer de sí mismo y no
de otro. Esto es lo que, a vueltas de unas y otras confusiones, más teóricas
que reales, ha significado soberanía siempre, invariablemente, a través de
todos los cambios de ideas políticas; bien entendido, desde que existe
noción de Poder público, de Estado, cosa que, como es sabido, no acontece
en Europa sino hasta muy avanzada la Edad Media.

Lo que sí ha variado y mucho, a lo largo de los siglos, han sido, entre
otras cosas, las respuestas a estas preguntas taxativas. ¿Quién es el soberano?
¿A quién corresponde ese atributo de soberanía? ¿Quién es el
que con justo título tiene y ejerce ese Poder supremo? En la Edad Media y
en los siglos XVI y XVII se daba esta respuesta: «El soberano auténtico es
Dios, origen y fuente de todo y, por lo tanto, origen y fuente de todo Poder.»
Dios unge, directamente o valiéndose, como intermediario, de la elección
popular, a un hombre con la soberanía. Esa soberanía de origen divino es
la del rey, y ésta es la soberanía por la gracia de Dios. Pero toda la edad
contemporánea ha dado otra respuesta y ha dicho: el soberano, el que en
última instancia manda, es el mismo que tiene que obedecer y, por tanto,
el pueblo; y esto es lo que se ha llamado democracia. Pero ni al decir que
el soberano es el rey por la gracia de Dios, ni al decir que el soberano es el
pueblo, se alude ni insinúa nada sobre si ese Poder es más o menos extenso,
tiene o no límite; porque ésta es una cuestión completamente distinta,
ésta es una pregunta nueva, que suena así; sea quien fuere el soberano,
ejerza quien ejerciera el Poder público supremo, ¿tiene o no límites? ¿Puede
mandar todo lo que quiera, o ese Poder es limitado y, en tal caso, cuáles
son sus límites? Y a estas preguntas se han dado también dos respuestas
principales: una que dice: «El Poder público no tiene límites, pero
no porque sea soberano, sino porque es Poder público, porque es Estado.
» Por tanto, sea cualquiera su origen, el real o el popular, ese Estado es
en esta opinión, que es la absolutista, un Poder sin límites. Pero en el siglo
XVII los ingleses, y en la edad contemporánea todo el continente, dieron
esta ilustre respuesta: «No; el Poder público tiene sus límites y lo primero
que ha de hacer el Estado al constituirse es reconocer esos límites, que
son los derechos individuales.» Y esto es lo que se llamó, con un vocablo
español, liberalismo.

De suerte, pues, que absolutismo y liberalismo son dos respuestas antagónicas
a la misma pregunta sobre los límites del Poder; pero ni la una ni
la otra tienen nada que ver con la pregunta de quién manda, que es la
única que afecta a la soberanía.

Necesitaba yo decir esto, aun cuando haya sido un poco prolijo, porque,
aunque me pareciera inconcebible, yo he oído con mis propios oídos
decir al señor Franchy, textualmente, lo siguiente: «Hay de la soberanía
una idea tradicional, que el señor Ortega y Gasset expuso aquí días pasados
en estos términos: Soberanía es la facultad de las últimas decisiones,
el poder de crear y anular todos los otros Poderes, cualesquiera que sean
ellos.»

Y prosigue después de esta cita el señor Franchy:

«Salta a la vista que esta concepción de la soberanía es una fórmula
del más puro absolutismo. ¿Se concibe, en efecto, un poder supremo,
creador y anulador de todos los demás poderes, como no sea en las monarquías
absolutas, donde la soberanía se confunde con el soberanismo y
en éste reside todo principio de poder y de él emana toda facultad de
mando?»

Sí, señor Franchy, se concibe perfectamente. No lo dude su señoría.
Más aún, ese Poder soberano, de extensión ilimitada, es característico de
la pura democracia, de la democracia que no es sino democracia y que por
ser sólo democracia es antiliberal; ese Poder soberano ilimitado ha sido
siempre lo constituyente de la pura democracia –que no es la nuestra: la
nuestra es liberal-, lo mismo en tiempo de Pericles que del actual comunismo.
En cambio, señor Franchy, lo que no se concibe –forzoso es decirlo,
porque nos importa a todos que en las Cortes republicanas se viva constantemente
en la atmósfera, en el elemento de la verdad- es ese Poder
ilimitado en las monarquías de Europa; porque el absolutismo monárquico,
en el sentido vulgar del término (por fortuna algo profundo de nuestro
ser indica esto), no ha existido nunca como situación estable y formalizada
en las regiones occidentales.

Y no digo más sobre este punto al señor Franchy, porque conociendo la
ejemplaridad de su vida, la respeto hondamente y no estoy dispuesto a
tratar al señor Franchy como el señor Franchy me ha tratado a mí. (Rumores.)


De esta manera vemos que es la soberanía la facultad de las supremas
decisiones, el poder que crea y anula todos los demás poderes. Vemos
también que dentro de nuestras propias convicciones democráticas esa
facultad reside en la voluntad colectiva del pueblo. Esa voluntad colectiva
del pueblo es, pues, quien en todo instante crea y recrea el Estado, el cual
no es sino la organización de los poderes. Lo crea y recrea en todo instante,
porque si un Estado existe y perdura es porque esa voluntad colectiva le
está nutriendo y sosteniendo día por día; en suma, que le está incesantemente
recreando con su adhesión.

Esa voluntad colectiva es precisamente la soberanía y es, por tanto,
algo preestatal y prejurídico, es la raíz subterránea, la energía profunda y
histórica –ya veréis después por qué digo esto-, la energía profunda histórica
de que vive todo Estado y toda ley, porque ella lo lleva, lo alimenta y lo
dirige constantemente.

En este punto no creo que haya discrepancia ninguna entre unitarios y
federales, pero tras ello surge la cuestión que nos distancia, y esta cuestión
que tras ello surge, no es, como seguramente se dirá de todo lo demás,
que antes he expresado, no es mera lucubración, ni teoría, sino que
es la sustancia misma política del enorme problema político que, queramos
o no, tenemos hoy delante y en que estamos sumergidos. Porque
decimos en nuestro caso: la soberanía es la voluntad colectiva española.
Bien; pero ¿cuál es esa colectividad ¿ ¿Es el conjunto indiviso y compacto
de todos los españoles, desde Finisterre hasta Málaga, desde la Maladetta
hasta Calpe, desde Port Bou hasta Palos de Moguer? En efecto, ese conjunto,
esa enorme masa enteriza y sólida para adoptar todas las resoluciones
esenciales, en que históricamente se sienten juntos, resueltos a tener
un destino común, favorable o adverso, alborozado o trágico, pero sin reservas,
sin condiciones, es lo que la inmensa mayoría del pueblo español
entiende, cuando sencillamente dice: «Nosotros los españoles.» (Muy bien.)

Esa es la soberanía unitaria, esa es la unidad de raíz histórica, la solidaridad
absoluta (aquí sí que viene bien la palabra), la solidaridad absoluta
de los españoles ante la vida y sus vicisitudes.

Pero esta voluntad compacta, unitaria, en que se toman las resoluciones
esenciales, puede muy bien imaginarse que se divide y se quiebra en
trozos y queda disociada en innumerables y pequeñas colectividades, cada
una de las cuales resuelve por sí, aparte, independiente e insolidariamente.
Este es el deseo del federalismo: que en vez de una raíz sola y total haya
muchas raíces pequeñas, independientes, de las cuales la unidad nacional
surge por un pacto subsecuente. Es decir, que la unidad nacional se forma
por las ramas y no por la raíz. Frente a aquella unidad nacional,
incondicionada y previa, los federales nos proponen una unidad nacional
condicionada, contractual, paccionada, secundaria y por lo mismo problemática.
Hay perfectamente derecho, hay estricta licitud a preferir esta última
y proclamarse federal; pero aquí no se trata de si el señor Franchy o el
señor Valle tienen ideas federales, ni de si yo tengo ideas unitarias; eso no
interesa tal vez ni siquiera a nuestras respectivas familias. Lo que importa
aquí, lo que constituye la última y decisiva sustancia del problema político
que debatimos, aunque haya tanto empeño en difuminar su expresión auténtica,
es averiguar si la inmensa mayoría del pueblo español sigue resuelta
a ser esa voluntad unitaria, a convivir en soberanía indivisa con
aquellos con quienes ha convivido hasta aquí, a resolver junto con ellos,
con todos ellos, sus problemas esenciales, y si, por querer eso, no admite
oscuridad, confusión y equívoco alguno en cuanto afecte o, aun de lejos,
amenace a la unidad de esa soberanía. Esa es la posición. (Muy bien, muy
bien.)

Y nosotros pensamos que eso es lo que acontece: que el pueblo español,
en sus nueve décimas partes, no nosotros que no somos nada, no el
señor Maura, ni el señor Sánchez Román, ni mucho menos yo y los otros
que coinciden con nuestro sentido, piensa así, y lo que es menester es que
vosotros, libérrimamente, aforéis qué cantidad, qué cuantía de españoles
piensa de este modo. Eso es lo importante y lo que tenéis que determinar
dentro de vosotros mismos. (Muy bien, muy bien. Aplausos.)

Y lo inconcebible es que, aprovechando distracciones de la Cámara,
como de contrabando, se haya podido dar a entender aquí, según lo hizo el
señor Hurtado, como si esa inmensa mayoría del pueblo español, representado
en su Estado, quisiera mandar sobre los catalanes, cuando lo que
quiere, con profundo y fraternal querer, es mandar con los catalanes, es
que permanezca intacta esa fusión de raíz, es el seguir siendo una unidad
profunda de destino histórico con ellos. Si se hubiera planteado la cuestión
en forma tal que no existiese en este punto equívoco alguno, veríais qué
poca discusión habría nacido y cómo el forcejeo hubiera sido nulo. Por eso
yo os proponía que la planteaseis, no en términos de soberanía, sino en
estrictos y puros términos de autonomía.

Porque, ¿cómo no va a pensar inquietamente esa incontrastable mayoría
del pueblo español, si tras el dictamen de la Comisión, donde existen
algunos artículos por lo menos amenazadores de esa unidad de soberanía,
oye que el señor Hurtado se entrega a juegos de palabras, hablando
de un extraño pacto entre la región autónoma y el Estado, pacto que, aparte
la cuestión principal y como algunas de las otras cosas que el señor
Hurtado dijo, parece completamente incomprensible? Porque el señor Hurtado
dijo estas palabras: «Nosotros hablamos de un pacto entre la región
autónoma y el Estado, dos organismos de Derecho, dos personalidades
jurídicas, que pueden y que deben pactar y que, según la Constitución, son
las que realmente pueden y deben pactar.»

Señores, repito que yo no sé una palabra de Derecho; pero sé, cuando
llega la hora, quedarme atónito. (Risas.) Porque, señores, el Estado de
que habla nuestra Constitución se compone de muchos organismos, entre
ellos las regiones autónomas, las provincias y los municipios; y ahora resulta
que la región autónoma, que es el Estado mismo en una de sus
partes, que es una institución del Estado, bien que en la jerarquía de las
instituciones de un orden segundo, se pone a pactar con el Estado, es
decir, consigo misma, puesto que ella no es sino un elemento del Estado.
Yo creía que para que dos pudieran pactar era menester por lo menos que
fuesen dos y además que preexistiesen al pacto, y la región no existe antes
de ser engendrada por el Estado; el Estado, al engendrarse, engendra las
regiones autónomas. Lo que pasa es que nuestra Constitución, padeciendo
a mi juicio un error, pero, en fin, siendo lo que hoy rige y lo que tenemos
que acatar, nuestra Constitución, en vez de obligar a que se creen desde
luego y fulminantemente las regiones, deja a las provincias franquía para
acogerse a esta permisión que ella da de formarlas. ¿Y porque no obliga,
y Cataluña y Andalucía son libres de constituirse o no en región autónoma,
se llama al uso de esa opción legal un pacto? Esto es cosa que yo no
entiendo; cómo se pueda llamar tal cosa un pacto. Yo creía que ya los
antiguos juristas distinguían de la ley obligatoria la que ellos llamaban lex
permisiva, en que se da a los ciudadanos la libertad de acogerse o no a
ella; y a este acogerse a una ley y ejercitar una norma es a lo que el señor
Hurtado llama pacto como podía haberle llamado rapsodia húngara. (Risas.)
No, señores, no es concebible un pacto entre la región autónoma y el
Estado. Es el libre acogimiento a una ley del Estado.
Pero nada de esto que digo ahora ni mucho menos lo que dije en el
discurso a que me ha contestado permite que nadie nos presente a mí, ni
a los que han coincidido con nuestro sentido más estrecho y próximo,
como enemigos de las aspiraciones catalanas. Dejando a los demás señores
para que lleven su camino por sus propios pies y su propia voluntad,
que en los dos a que me refiero es magnífica, yo no voy sino a referirme a
mí. ¿Se me puede presentar como un enemigo de las aspiraciones catalanas?
Porque da la casualidad de que si se exceptúa a algunos diputados
republicanos, al señor Osorio, no presente, y tal vez algún hueco, que dejo
para que lo llene alguien en quien ahora no reparo, nadie hay en esta
Cámara que desde más antiguo y con más intensidad haya estado defendiendo
desde Madrid esas aspiraciones catalanas; y yo he escrito, he combatido,
he publicado páginas y hasta un librete, que por cierto me excusa
de lo que para mí sería un placer, de hablar y debatir con el señor presidente
del Consejo sobre sus interpretaciones históricas, porque ese libro está
dedicado principalmente a interpretar la historia de España en función del
problema catalán, para aclarar las cabezas de los demás españoles con
respecto a ese problema y hacer, en su hora, posible la solución; y ese
libro ha rodado bastante por el mundo, pero por lo visto lo han olvidado los
catalanes. La cosa no es extraña ni es nueva: la ingratitud tiene una historia
tan larga como la historia misma. (Muy bien.)

No tolero, pues, que ni a mí ni a nadie se nos presente como enemigos
de las aspiraciones catalanas, porque discutimos sobre el Estatuto catalán;
pues acontece que, salvo algún pequeño rincón de la Cámara, en
realidad aquí nadie ha discutido el Estatuto, sino que ha discutido sobre el
Estatuto, tal o cual artículo del Estatuto. Pero lo que no vale es, ante este
modo de colaborar, que es discutir, lanzar una razón tan difícilmente digerible
como una que emitió el señor Hurtado en su discurso cuando decía:
«Yo veo que aquí se levanta un señor y dice: Yo soy muy autonomista,
pero tal función creo que no debe ser entregada a la región autónoma; y
otro señor que se levanta, y añade: Yo también soy muy autonomista, pero
tal otra función no debe ser delegada a la región»; y así, sumando las
funciones que cada una de estas personas que intervienen iban restando
al Estatuto, presenta el señor Hurtado un Estatuto vacío de funciones. Y
ésta es una razón que cree el señor Hurtado que la Cámara puede haber
oído, no diré con complacencia, sino con plena tranquilidad interior, cuando
es una razón inferior que, para dicha así, implicaría una idea de las
tragaderas de la Cámara, como si ésta pudiese ingurgitar todo lo que se le
echa, lo mismo el primor que lo inane. ¡Ah, no! ¡Naturalmente! Cada uno
de los que aquí hemos hablado tal vez hayamos discutido una u otra función
de las que implica el Estatuto; pero el señor Hurtado, en vez de haber
sumado lo que cada uno de éstos que han hablado resta a lo que el otro
restaba, ha debido haber presentado lo que cada uno de nosotros creemos
que debe, en efecto, llevar Cataluña en su nuevo Estatuto y en su nueva
vida.

Pero hay algo más todavía. Cualquiera creería que discutir la autonomía
–y éste era el fundamento de lo que el señor Hurtado nos proponía
pensar- implicaba no ser autonomista. Pues bien; yo quisiera que imaginásemos
de pronto al señor Hurtado exento de toda hostilidad, de toda discrepancia
por nuestra parte, sin que nadie le discutiese, solo, mano a mano,
con el concepto abstracto y genérico de autonomía, a ver cómo de ese
concepto abstracto y genérico podía él fabricar una figura concreta de autonomía
sin discutir el señor Hurtado consigo mismo. Porque se encontraría
con una cantidad ilimitada de funciones empíricamente reunidas, entre
las cuales tendría que elegir para construir el perfil de una auténtica, plena,
concreta autonomía. (Muy bien.)

No. Hay que discutir, porque sólo con la discusión puede intentarse una
sincera coincidencia. El señor Presidente del Consejo mostraba el otro día
su deseo de que ésta fuera amplísima, casi total en la Cámara. Por eso
insisto en que deben expresar claro su pensamiento todos los partidos de
ella, siempre que esta indicación mía no sea atribuida a habilidad parlamentaria,
lo cual, aparte otros motivos, que espero no se me escatimen, es
poco verosímil, porque mi andar por el área parlamentaria es tan tímido y
tan torpe que bueno fuera que encima me diese yo el lujo de meterme en
habilidades y malabarismos seudopolíticos. No; mi deseo está inspirado
por la altitud del asunto y por el bien futuro de esos partidos. Me importa
que conste especialmente esto último.

La cosa me parece tan evidente que no solamente creo que es necesaria
una amplísima coincidencia parlamentaria sino algo más. Es preciso
que el Parlamento, antes de resolver, averigüe muy precisamente cuál es
el modo de sentir del pueblo español, porque se trata de un asunto
hipernacional si los hay, porque es una operación que penetra muy hondo
en la entraña misma y en el subsuelo nacional. Es menester que estemos
ciertos de si el sentir del pueblo español está suficientemente maduro para
la faena y es preciso que la solución coincida con la ecuación exacta que
consientan, de un lado el deseo de Cataluña y de otro el grado de madurez
de aquel sentir nacional. Si lo hacéis así, habréis hecho una gran obra;
pero si no, sería funesto y sería ilusorio creer que se había resuelto el
problema; antes bien, significaría no más que comenzar de nuevo angustias
para España y, sobre esto, sería algo sumamente peligroso para el
régimen. Y no vale salir al paso de esto que digo con vanos aspavientos,
que son tan inútiles como insinceros.

Después de año y medio de vida republicana, conviene que hagamos
balance sobre la situación moral del país con respecto al régimen. Yo lo
vengo haciendo públicamente una y otra vez desde su advenimiento. Lo he
hecho una y otra vez con insinuante cordialidad siempre, pero en tono
progresivamente elevado, porque creo que lo requiere así la realidad y
pienso que, casi desde el principio, la política republicana cometió un tremendo
error, que es éste: hay una enorme masa de españoles que votaron
la República, sin condiciones; por tanto que la votaron por ella misma y sin
más, porque en el camino de su experiencia de la vida pública habían
llegado al punto de pensar que sólo un cambio de régimen podría mejorar
radicalmente la existencia nacional. Yo no voy a ser quien decida, sino
vosotros quienes, por vuestra propia cuenta, íntima y pura, calibréis cuál
es la cantidad y la calidad de esos españoles que han votado a la República
sin condiciones. Pero he de decir que en el conjunto de la gobernación,
en vez de haberse preocupado, desde luego y por lo pronto, casi exclusivamente
de constituir esa República incondicionada, lo que se ha venido
haciendo más bien, en muchos casos, ha sido arrojar pedazos de aquel
entusiasmo colectivo, que trajo el régimen, a los grupos que habían puesto
condiciones, y no voy ahora a enumerar cuáles pueden ser ellos, porque
yo no vengo (Muy bien, aplausos.), porque yo no vengo a poner rencillas,
sino todo lo contrario.

Se ha hecho una gobernación, en gran porción, particularista, para grupos
particularistas territoriales o de otro género; no se ha hecho todavía a
fondo, y puede y debe hacerse desde ahora, una gran política republicana
nacional. (Muy bien.) Y por eso yo pedía en mi discurso que se aprovechase
este tema enorme del Estatuto catalán para que el Parlamento regenerase
su contacto con la opinión total del país. (Muy bien.) Y me ha complacido,
oyendo al presidente del Consejo de Ministros, creer entrever –no sé
si será ilusión óptica- los deseos del Gobierno de mostrar una gran flexibi
lidad en sus posiciones con respecto al problema del Estatuto.

Me complace vivamente, porque esto puede llevar a facilidades de acuerdo,
a ese asenso, no sólo parlamentario, sino nacional, que tenemos que
buscar para refundir, si fuese preciso, el Parlamento con la íntegra opinión
del país; porque constantemente, como es perfectamente natural, como
pasa en todas partes y en todo momento de la política, las instituciones del
Estado, especialmente el Parlamento, unas veces adhieren más, otras, sin
darse cuenta, se remueven y alejan en incoincidencia con la total opinión
del país. Es, pues, preciso que venga este acuerdo. En no pocos extremos
de la ponencia concreta que dibujaba el discurso del presidente del Consejo
de Ministros habéis visto una coincidencia con nuestro voto particular;
pero hay tres puntos, sobre todo, en los cuales yo creo que el Gobierno
tiene que ejercitar ese máximum de flexibilidad, no porque a mí, al accidente
de mi persona, le parezca mal, sino porque creo lealmente que el
sentir del país no los admite, y por eso nosotros no los aceptamos. Estos
tres puntos principales, no únicos, son: el bilingüismo universitario; la redacción
del artículo 37, que se refiere a la reforma del Estatuto, y ese
proyecto de dislocación de las haciendas, que súbitamente ha aparecido
en el discurso del presidente del Consejo de Ministros.

Sobre el bilingüismo ya hablé, aunque convendría agregar que el bilingüismo,
que yo sepa –es posible que acontezca en otro lugar-, que yo sepa
como vigente –por lo menos en grande- en Bélgica, se ha reconocido por
todo el mundo como un inmenso fracaso. No hace muchos días, creo que
el 10 de mayo, abría yo el número de Manchester Guardian y me encontraba
con un telegrama, que decía así: «La crisis belga y el bilingüismo –18
de mayo-. El Gobierno belga ha decidido dimitir, al parecer por la división
que el problema de la lengua ha producido y que ha destruido tantos Gabinetes
belgas desde la guerra.» En cambio, la solución de las dos Universidades
nos parece, en un sentido profundo, histórico, mucho más limpia y,
entre otras ventajas, tiene una, nada desestimable en España: la de favorecer
la emulación. Esta es la solución que ha dado otro pueblo, que se
encontraba en la misma situación que Bélgica; porque en Bélgica se trata
de dos razas, de dos idiomas que, prácticamente, bien que más o menos
diversificado uno y otro trozo de aquel país, significan la totalidad del país;
son como dos totalidades superpuestas y cada una de ellas lucha por el
triunfo absoluto sobre la otra. Lo propio acontece en el país que se va
mostrando más discreto y sereno entre todos los actuales, en esa extraña,
callada, pero sabia Checoslovaquia. Allí también hay dos razas luchando
por la totalidad del país: los checos de origen eslavo y los tudescos; y
lucharon en todas las formas, bravamente, enconadamente. Por cierto que
una de las formas de lucha era a fuerza de procesiones, porque los tudescos
tienen como representante y patrono de su raza en aquella región al protestante
Juan Huss; los checos, que son católicos, tienen como representante
a San Juan Nepomuceno, a San Juan Nepomús. Pues bien, esta
solución, ¿por qué no la hemos de imitar?

En cuanto al proyecto de Hacienda, en el cual no voy a entrar, como es
natural, ahora, he de decir una cosa. El señor presidente del Consejo, reiteradamente,
con satisfactoria saturación, hablaba en su discurso de que
el Estado español constituido es un Estado unitario; pero luego resultaba
que al presentarnos el proyecto de Hacienda regional, tenía que reconocer
que era precisamente el modo de dislocar las Haciendas característico de
los países más federales. ¿Qué unidad de Estado es ésa? Sería un Estado
unitario de piel y federalísimo de entrañas. Yo creo que éste es un punto en
que el Gobierno debe aplicar esa flexibilidad que se nos anunciaba en las
palabras de su presidente.

Es preciso, señores, que, al terminar esta discusión del Estatuto, podamos
volvernos todos al país –todos: por tanto, no sólo vosotros, sino también
nosotros- podamos volvernos todos al país y gritarle a voz en cuello,
con esa plenitud de convicción que hace que las palabras llenen las gargantas:
«Cataluña ha recibido la autonomía, una amplia autonomía, a la
que tiene perfecto derecho, la cual, en lo esencial, y cualesquiera que fueren
las dificultades que en una u otra ocasión se produzcan, será de gran
fecundidad para España. Porque el problema catalán es un problema español,
y España tiene que acogerlo con más entusiasmo, cuanto más
nacionalmente sienta las cosas. Pero, pueblo español, como tú no entiendes,
ni tienes obligación de entender de complicaciones jurídicas, y sientes,
muy justificadamente, con certero instinto, inquietud por algo que te
importa más que todo, por algo que es esa unidad de raíz, esa unidad de
soberanía, de convivencia profunda con todos los pueblos españoles, nosotros
te decimos que no hay equívoco, ni confusión, ni oscuridad ninguna
en ese punto, sino que esa unidad de soberanía, esa comunidad de Estado
entre todos los pueblos españoles queda intacta y como siempre.» Señores,
que decir esto sea posible es lo único que ardientemente deseo. (Muy
bien. Aplausos en distintos lados de la Cámara.)



Enviado por Enrique Ibañes