Apoyar con entusiasmo a la República

1933-05-14 - Melquiades Álvarez


Acabáis de oír, señoras y señores, las conclusiones formuladas en
la Asamblea, en la cual el partido Republicano Liberal Demócrata ha
dado una prueba espléndida de su vigor y de su prestigio. En esa
Asamblea se han discutido, casi con carácter provisional, las bases
de una nueva organización. Se abrió, por exigencias del momento, el
que pudiéramos llamar cuadro de defensa del Partido, para facilitar el
ingreso del elemento femenino, que tiene una gran importancia en la
vida política actual, porque es probable que de su decisión y de su
voto dependa el porvenir de la República española.

Hemos fijado, como habréis visto, las relaciones con los demás
partidos, manteniendo nuestra afinidad, por las concomitancias que
existen, principalmente, con el partido Radical, y reiterándole una vez
más nuestra colaboración leal y desinteresada. (Muy bien.) Y hemos
también reformado en parte –es cuestión de detalle más que de esencia-
los elementos doctrinales de nuestro programa. Conviene advertir,
señoras y señores, que este programa, que es el evangelio político del
partido, es el mismo del partido Reformista, el cual, por una especie
de metempsicosis política, y con una simple transmutación de nombre,
ha venido a encarnarse en este otro, del que llevo la representación.
En este partido, correligionarios y amigos, aparte de una juventud
entusiástica y de una sección femenina, que se caracteriza por su
conciencia republicana y por la virtud del proselitismo, existe un estado
mayor lucidísimo, integrado por grandes capacidades de la política,
hombres de reputación profesional reconocida, muy superiores en
méritos a quien os dirige la palabra, algunos de ellos veteranos ya en
el partido, otros incorporados recientemente, estimulados por una
mancomunidad de ideas y por el anhelo patriótico de servir noblemente
los intereses de España. (Muy bien.) No necesito deciros, no debo
decirlo siquiera, que en todas estas ideas diseminadas en nuestro
programa, por lo que se refiere a su difusión y propaganda, el partido,
en nombre del cual hablo, mantiene la fe acendrada de siempre, sin
que hayan logrado quebrantarla ni los ataques de los adversarios, ni
los apetitos del Poder, esa especie de Dios infernal, ante el cual muchos
hombres, arrivistas de la política, (Muy bien.) con olvido de su decoro,
descubren a cada instante sus debilidades y sus flaquezas. (Aplausos.)
El lema de nuestro partido lo conocéis todos: es un lema consagrado
en recientes aguas bautismales, y por él comprenderéis que el partido
que represento es netamente republicano (Muy bien.) sin reservas ni
distingos (Asentimiento), pues aunque hay algunos correligionarios –
yo entre ellos- que hemos negado siempre el valor sustancial y
permanente de las formas de Estado, todos, absolutamente todos,
sin divergencias de matices, reconocemos que la República, en el
orden doctrinal, es infinitamente superior a la Monarquía (Muy bien;
muy bien. Aplausos), y además, que cuando no se bastardea en la
práctica por las corruptelas de los Gobiernos, representa la plenitud
de la capacidad política en la vida de los pueblos libres, y encarna, por
efecto de su naturaleza, las esencias más puras de la libertad y de la
democracia. De modo, señoras y señores, que esto que reconocen
absolutamente cuantos han penetrado con sagacidad en el problema
de la morfología del Estado, bastaría, desde luego, para encender en
nuestra conciencia la fe republicana. Pero es que, además, no hay
que olvidar que la República advino a España por el voto casi unánime
de la opinión, sin pasar por el oprobio vergonzoso de una sedición
militar, ni por un golpe de Estado, y los que somos verdaderamente
demócratas, los que rendimos culto a la voluntad soberana del pueblo,
tendremos, por efecto de esto, que reconocer la legitimidad inmaculada
de la República y santificar su advenimiento, prestándola, con el máximo
entusiasmo, toda la energía de nuestra voluntad y nuestra inteligencia.
(Aplausos.) Por si esto no fuera bastante, correligionarios y amigos,
para justificar una aptitud resuelta de apoyo a la República, tendremos
que invocar, como última ratio, el supremo interés nacional. Es el
interés de la nación –no os quepa duda-, el que por imperio de las
circunstancias viene asociado a la obra de la República, y cuando en
contraposición queremos examinar la perspectiva hipotética de una
inverosímil restauración monárquica, dado el recuerdo de su infortunio,
la desaparición casi absoluta de las fuerzas sociales y políticas que le
servían de apoyo, y la efervescencia natural de la cólera del pueblo
ante su triunfo, tras de esa restauración no podríamos ver la paz que
apetecen todos los españoles, sino, sencillamente, el caos, en el
cual se hundirían definitivamente las energías nacionales. (Grandes
aplausos.)

No creo necesario insistir más en este asunto. Por la superioridad de
la República, como forma de gobierno, por la pureza inmaculada de su
origen, por el supremo interés nacional, estamos en el deber de apoyar
con entusiasmo la forma republicana. Parodiando una frase de Thiers,
yo podría decir ante vosotros, que la República es lo que menos nos
divide, y con esta frase yo me atrevería a invocar, en nombre de mi
partido, a todos los españoles, a todos, para que depusieran sus
diferencias políticas y aceptaran esta legalidad republicana, a la cual
deben llevar sus ideas y sus opiniones para colaborar en la vida del
Estado, bajo una forma de gobierno común al futuro de España y al
engrandecimiento y prosperidad de la Patria. (Grandes aplausos.)

Nuestro partido es garantía de todos los intereses nacionales

Nosotros somos un partido, señoras y señores –hay que decirlo
también-, que en esta clasificación, un tanto arbitraria y convencional,
de derechas o izquierdas, no figuramos en ninguna de ambas
categorías. En las derechas se incluyen todos los elementos que
aparecen como idolatras de la tradición; en la izquierda, todos los
fanáticos del porvenir, que sueñan con reformas, muchas veces
fantásticas y casi siempre precipitadas e imprudentes. La zona de
nuestra política, la zona en que puede fructificar el partido
republicanoliberaldemócrata, es el centro de la política española, porque
nos separa de la derecha el criterio –oídlo bien- de que sólo respetamos
de la tradición aquello que las mudanzas del tiempo han dejado con
vida, y por lo que se refiere al futuro, no nos dejamos seducir por
abstracciones y por utopías, sino por ideales verdaderos y progresivos,
es decir, ideales que han fecundado previamente en la conciencia
pública, y que sin peligro puedan traducirse en realidades positivas y
prácticas. (Muy bien.) Y esto es lo que hemos sostenido siempre;
esto es lo que sostenemos ahora, no teniendo temor alguno a las
ideas, por avanzadas que parezcan; pero dando a nuestro partido un
sentido gubernamental, que tiene que ser necesariamente garantía y
amparo de todos los intereses de la vida nacional. (Muy bien.) Con
estas ideas hemos venido luchando; con estas ideas seguiremos
luchando, ofreciendo este programa que yo no tengo necesidad de
esbozar, ni de comentar al presente, por lo mismo que impreso y
difundido lo conocen a estas horas la inmensa mayoría de los
españoles. Está determinada, pues, la posición del partido Republicano-
Liberal-Demócrata, y están fijadas las relaciones con todos aquellos
partidos que sirven, precisamente, los intereses de la República.

No es culpa del régimen la actual decepción nacional, sino de
la labor desacertada de los gobernantes.

¿Qué os debo decir ahora? Esta cautela que nosotros recomendamos
¡ha sido seguida y adoptada en bien de España y de la República por
los hombres que la gobiernan! ¿Hay algo de pasión en nuestra conducta
que nos obligue a criticar, porque esta es la palabra, la gestión que
desde las alturas del Poder, pretendiendo salvar los intereses
republicanos, han llevado a la práctica los hombres que nos gobiernan?
Vamos a examinarlo sin pasión.

Cuando se contempla, queridos correligionarios, el panorama social
y político de España, se observa un contraste, un singular contraste,
entre aquellas esperanzas jubilosas que produjo la proclamación de la
República y las decepciones amargas que a la hora presente se están
cosechando. ¿Decepciones fantásticas? ¡Decepciones caprichosas!
No. Lo dicen los enemigos; pero no es verdad. No son decepciones
creadas por el temperamento atrabiliario de los enemigos de la
República, no son decepciones fantásticas, son decepciones legítimas
y verdaderas, fundadas en la realidad que nos ofrece, señoras y señores,
el triste espectáculo de un país que vive en constante y perpetua
agitación anárquica (Muy bien.), abandonado además de las
autoridades, con la economía en ruinas, sin garantías para la defensa
de sus intereses legítimos, con todos los derechos y todas las
libertades amenazadas. (Muy bien). Y esta decepción, que engendra
odio y disgusto, esta decepción se va agudizando en muchas provincias
y en algunas ya soplan verdaderos aires de fronda. ¿A qué se debe?
Vamos a discurrir con entera imparcialidad acerca de estos hechos.
El entendimiento simplista de las gentes, cuando pretende adivinar
las causas de semejante decepción, dejándose llevar de una cierta
lógica del raciocinio, formula su juicio en los términos de un dilema, y
dice lo siguiente, con una apariencia indestructible de verdad: O la
causa de esta decepción es congénita a la República, y entonces la
responsabilidad es del régimen, o las causas generadoras de
semejantes daños son debidas exclusivamente a la labor de los
gobernantes, que no han atinado a realizar una gestión acertada y
prudente. Lo primero, señores que me escucháis, me parece
disparatado y absurdo, porque no es posible que se pueda atribuir a la
naturaleza de un régimen político, que podrá tener sus ventajas o sus
inconvenientes en relación con otros regímenes, pero que o produce
fatalmente, por una ley de su vida, todos los daños de que se queja,
con justicia, la opinión pública. Lo que pudiera suceder, porque yo no
quiero recatar en nada mi juicio, lo que pudiera suceder es que el país
no estuviera en condiciones, o por su falta de cultura, o por sus medios
económicos, de ser regido por una democracia republicana.

Pero entonces no será la culpa de la institución que se pretende
implantar; será del pueblo, que, por no haber hecho oportunamente el
aprendizaje debido de la libertad, cae con exceso en las violencias de
la demagogia. (Muy bien.) Mas, no; no puede ser que se atribuya a
incapacidad del pueblo para ser regido democráticamente, porque
España no se halla en un estado tal que necesite estar sometida a
tutela o regulada por la política verdaderamente abominable del
caudillaje. No; el pueblo español, desde una larga tradición, tiene
conciencia esclarecida de sus deberes y comprende que puede regirse
con acierto, mediante una democracia, sin que se produzcan trastornos
ni perturbaciones, que casi siempre son debidos a la deficiencia con
que se ejerce la autoridad por parte de los Gobiernos que la representan.
(Muy bien.)

La culpa no es del régimen, y el país se halla en condiciones de ser
regido por instituciones republicanas; la culpa es del Gobierno (hay
que decirlo con franqueza), la culpa es del Gobierno, y nada más que
del Gobierno, por efecto de su labor a todas luces desacertada y torpe.

La República no advino por la revolución ni se conquistó la
confianza del país con programas revolucionarios.

Creo yo, queridos correligionarios, que la labor del Gobierno hay que
apreciarla desde luego por sus resultados, no por las ideas que
represente ni por la fidelidad con que ha podido servir los intereses
más o menos bastardos de un partido. No; son los resultados de la
política del Gobierno los que hay que pesar y medir, utilizando, al
efecto, si fuera preciso, la simbólica balanza de Astrea; pero hay que
pesarlos y medirlos poniéndolos en relación, como contraste, primero
con el orden social, que por ser una exigencia recíproca del derecho y
del instinto de la vida colectiva constituye la más apremiante de las
necesidades del Estado; poniéndolos en relación, después, con las
realidades económicas del país, que por ser el cimiento de la riqueza
y del trabajo determinan casi siempre el bienestar material del pueblo;
y poniéndolos en relación, en fin, con el prestigio y la existencia de la
República misma, a la que hay que enaltecer constantemente,
asociándola a las ideas puras de la libertad y del derecho y a la que
hay que servir en todo momento con el acierto en las obras de gobierno,
conquistándole todos los días falanges enteras de nuevos colaboradores
y de nuevos entusiastas correligionarios. (Aplausos.) No digo yo nada
de particular con esto. No hago otra cosa que recoger una experiencia,
repitiendo lo que han hecho todos los pueblos que han querido regirse
por instituciones democráticas y que han tenido la fortuna de contar
con gobernantes inteligentes y esclarecidos; pero aquí, amigos que
me escucháis, estos gobernantes homúnculos que se encuentran en
el Poder (Risas) han creído, por lo visto, que seguir una política
semejante podía constituir un delito de apostasía revolucionaria y para
evitarlo a todo trance han olvidado en el ritmo, un tanto atropellado, de
su conducta las normas esenciales del credo democrático, y han
apartado a la República de los hontanares de la libertad y de la justicia.
Esto es lo grave. Una preocupación revolucionaria, de carácter más
bien verbalista, sin contenido sustancial; política que no es
revolucionaria, que no tiene de ello más que la frase, porque no ha
sabido crear intereses, que si los hubiera creado podríamos calificarlos
de injustos o arbitrarios, pero, al fin y al cabo, constituirían un objetivo
que habían conseguido con su labor perseverante de Gobierno los
partidos que se hallan en el Poder (Muy bien) una política revolucionaria,
digo, consistente sólo en palabras truculentas y en afirmaciones
sectarias que asustan a las gentes, pero que carecen de valor ideal,
es la que ha sido y continúa siendo explotada por los partidos, que
hoy, para desgracia de la República, dirigen el país. Es una
preocupación revolucionaria, la de estos hombres que dicen a grito
tendido que es la revolución la que ha traído la República, y que a ella,
por lealtad y por deber, tienen que permanecer fieles en el Poder.
Claro es que no se encuentra por parte alguna esa revolución que
tanto pregonan, y que cuantas veces se intentó de buena fe, en contra
del régimen monárquico, fracasó con estrépito. No necesito aducir
pruebas.


Me basta con invocar el testimonio del revolucionario de mejor prosapia
que es el Sr. Lerroux, el cual ha reconocido noblemente que sus
correligionarios no le habían entregado una preparación revolucionaria
seria cuando ingresaron por orden de la autoridad en la cárcel. Y es
verdad, porque la República no la trajo una conmoción revolucionaria,
violenta y armada, no; la República la trajo el pueblo, que ha querido
convertir un acto comicial de renovación de Ayuntamientos en un acto
verdaderamente constituyente y ha liquidado con sus votos en esta
forma, de un modo conjunto, lo mismo las responsabilidades de la
Dictadura, que las graves faltas padecidas por la Monarquía. (Muy
bien.)

Dispensadme ahora una jactancia: en esta labor de transformación
política, el que os habla, unido precisamente a los llamados
constitucionalistas, ha tenido una parte que es muy superior
comparativamente a la de todos esos vocingleros revolucionarios que
figuran hoy en las avanzadas de la República. (Muy bien. Grandes y
prolongados aplausos.)

De modo que ya lo sabéis. Atemperándonos a la realidad y formulando
nuestro juicio, tenemos necesariamente, no tan sólo que vindicar
nuestro prestigio, sino que censurar la conducta de los adversarios.

No solamente no ha venido por la revolución, queridos correligionarios;
es que los partidos que representan a los hombres que están en el
Poder, no han hecho ante la opinión una propaganda revolucionaria.
Yo recuerdo que una personalidad ilustre que no necesito mencionar,
pregonaba la conveniencia de una República casi católica, regida por
un sistema bicameral en cuyo Senado tendrían asiento los Obispos y
Arzobispos, como elementos representativos de la Iglesia. (Aplausos.)
Yo recuerdo todavía más: que otro ministro radical, de matiz socialista
que se halla en el Poder, para no alarmar, sin duda, a los timoratos,
manifestaba que la República que iba a establecerse en España era
una República conservadora y burguesa (Aplausos), y yo recuerdo,
haciendo crítica objetiva e imparcial, que los mismos socialistas, al
referirse a un programa de Gobierno, no hablaban para nada de la
lucha de clases ni de socializar la propiedad, ni mucho menos de
establecer una República espléndida de trabajadores. (Risas.) No, no
hubo nada de esto, y, por consiguiente, si no es la revolución la que ha
engendrado la República y no se ha conquistado tampoco la confianza
del país con programas revolucionarios, yo pregunto: ¡En nombre de
quién y con qué títulos se está pregonando desde el Poder una obra
revolucionaria, que compromete por su solo anuncio los intereses de
la vida nacional! (Muy bien. Aplausos.)

El triunfo de las audacias perturbadoras de un conglomerado
electoral dio vida a esta obra revolucionaria insospechada

No, no hubo nada de esto; hay que decirlo con absoluta claridad. La
obra revolucionaria comenzó a surgir cuando por efecto de un
conglomerado electoral, a mi juicio absurdo, se encontraron ciertos
partidos políticos con una representación parlamentaria que rebasaba
sus ilusiones y sus fuerzas, partidos algunos de ellos que se habían
creado hacía pocos días y estaban todavía en el período de la infancia
(Risas); partidos, otros de una organización más provecta, pero que
no contaban, según las estadísticas que todo el mundo conoce, con
masas considerables de obreros; entonces comenzó –repito- la obra
revolucionaria, y cuando empezó a preparase el proyecto de
Constitución, surgieron en el Parlamento, ya que o habían surgido en
el país, esas audacias perturbadoras.

Yo he leído hace poco tiempo un libro de un diputado que figuraba en
la fracción que capitaneaba entonces el Sr. Alcalá-Zamora, que nos
da cuenta, y una cuenta imparcial y detallada, de cómo se fue
preparando poco a poco, en su mayor parte, el proyecto de Constitución
que ahora rige, y nos dice, correligionarios, que el partido socialista,
aprovechándose de su imprevista y numerosa representación
parlamentaria, unido, además, a otro partido que parecía tener empeño
en sobrepujar su programa, presentó por medio de enmiendas una
serie de reformas al proyecto constitucional, elaborado por la Comisión
jurídica, y esas enmiendas fueron aceptadas por algunos, por miedo a
no parecer demasiado avanzado –es un temor del que adolecen no
pocos políticos en nuestro país-, por otros, que no tenían precisamente
aquel temor, por snobismo científico, ya que se les había presentado,
una célebre Constitución, que era la Constitución de Weimar,
considerada como el modelo más acabado y perfecto de las
democracias avanzadas. Así se fue aprobando la Constitución.
Olvidaron, sin duda, estos Licurgos a los que me estoy refiriendo (Risas)
que aquella ley de la imitación, que Tarde calificaba como una ley
biológica de la política, no es aplicable nunca a la Constitución, que
es el Código fundamental del Estado, porque la Constitución necesita
ante todo acomodarse a las realidades de la vida nacional para que se
implanta, y reflejar, casi con escrupulosidad, sus ideas, sus prejuicios,
sus sentimientos y hasta sus aberraciones, todo, en fin, lo que imprime
la naturaleza de su carácter y constituye la sustancia de su alma.
(Aplausos.) De no hacer esto, queridos correligionarios, la Constitución
será lo que llamaba Lassalle, y yo quiero invocar el testimonio y la
autoridad de un socialista, una Constitución ridícula, de papel, en la
cual se consignarán hermosos principios, pero en la que no germinará
nunca, absolutamente nunca, la vida, por lo mismo que se prescinde
de los factores sociales y verdaderos del Poder. También es el a, b. c,
del derecho público lo que estoy diciendo. No creáis que descubro un
nuevo horizonte; lo saben todos los que han saludado estas nociones
del derecho Constitucional. Pero conviene fijarse en una particularidad
muy significativa: cuando la Constitución que se elabora, por
desconocimiento del espíritu del país, lesiona ideas, la lesión apenas
produce dolor y se puede corregir y curar fácilmente y en poco tiempo;
cuando la Constitución que se elabora lesiona sentimientos vivos,
hondos y, además, destruye intereses que constituyen el patrimonio,
el desgarrón que se produce en el alma del pueblo es tremendo, y
sus lamentos y sus quejas, por lo mismo que son legítimas, perturban
indefinidamente la conciencia pública. (Grandes y prolongados
aplausos.) Y esto, correligionarios, es lo que ha ocurrido. Estamos
señalando desde aquí una pauta de gobierno, que o han querido seguir
los que se llaman pomposamente defensores de la República, y los
que, con sus imprudencias o sus desvaríos la están comprometiendo
a diario. (Aplausos.) Así creo yo que es como se gobierna. Se ha
hecho precisamente todo lo contrario, queridos correligionarios, al
discutir el proyecto Constitución, sobre todo en lo que se llama la
cuestión religiosa y en todo lo que afecta el derecho de propiedad.

La separación de la Iglesia y el Estado no es obstáculo a la
celebración de un Concordato

Se ha querido, desde luego, separar la iglesia del Estado; es una
exigencia necesaria en toda democracia laica y bien organizada. (Muy
bien.) Eso es legítimo y nadie se puede oponer a ello. Donde se han
cometido verdaderos errores ha sido en la táctica para llevar a cabo
esta separación y en el desconocimiento que al hacerlo revelaban, los
gobiernos de la vida colectiva. No lo olvidéis; el alma de los pueblos no
se modifica súbitamente, como por arte mágico, mediante
disposiciones de carácter legislativo. No; el alma de los pueblos está
formada por creencias y sentimientos ancestrales que se vienen
elaborando a través de los siglos y que constituye la labor silenciosa
de cien generaciones ya fenecidas. Y cuando se quiere, mediante una
decisión del Poder público, que no cuenta con más autoridad que su
fuerza coactiva, corregirla de raíz, o modificarla fundamentalmente, la
ineficacia del intento, sobre ser manifiesta, y a veces ridícula, es casi
siempre perturbadora (Muy bien, aplausos.) Y esto es lo que ha pasado
aquí. A un pueblo se le puede conquistar, se le puede esclavizar, se le
puede destruir, pero no se conoce un poder tan omnipotente que logre
modificar súbitamente su alma. Esto no se ha dado nunca en la Historia.
(Aplausos.) Y es que el alma del pueblo, por las ideas y los sentimientos
que la informan tiene una raigambre de siglos y representa una fuerza
casi indestructible. De aquí el que ciertos psicólogos hayan dicho que
cuando se discuten cuestiones religiosas, es el alma de los muertos
la que habla por la voz de los vivos (Grandes aplausos) ¡Sí! ¡Es así! Y
yo que no respeto la tradición más que en lo que ésta tenga de sana
y de fecunda, cuando miro hacia tras y veo como se forma el alma del
pueblo español digo: Querer con persecuciones descatolizarle es un
dislate, es una insensatez (Grandes y prolongados aplausos). No tenéis
por qué aplaudir; al decir lo que digo es que tengo la fortuna de recoger
todas las ideas que están en la conciencia del pueblo español (Ovación)
para el que se debe gobernar, no para una tertulia de amigos, ni a favor
de los intereses siempre mezquinos de los partidos; (Muy bien) El
gobernante que no haga esto, no será tal gobernante, será un detentador
del Poder (Muy bien y aplausos). Me parece que no puedo ser más
claro (Asentimiento) No puedo ser más claro. Os lo dice un hombre
que está del otro lado de la barricada (Muy bien), que no quiere además
hacer ante vosotros una confesión de su alma y porque en este
momento está hablando alentado por la ilusión de que algún día,
contando con la confianza de la opinión (una voz: ¡Entera, entera!) y
con otras colaboraciones pueda gobernar a su país. Por eso pedimos
una República laica, que supone, desde luego, en cuantos la defiendan,
la virtud de la tolerancia, de gran respeto para todas las creencias,
cualesquiera que estas sean; una virtud que no tienen todos los que
se llaman precisamente laicos. Ahora bien; cuando se hace una política
en contradicción con estas ideas, yo digo que es una política funesta,
contraproducente, perjudicial. Lo es en primer término por su
inoportunidad. A estas horas el Pontífice augusto que representa los
intereses de la iglesia católica, utilizando una política previsora y sagaz,
convencido, por lo visto, de que los tiempos actuales no son de
intransigencia, se aviene, desde luego, en beneficio de la paz social, a
concordar con todos los regímenes, aún con los más avanzados, sin
debilitar en lo más mínimo la autoridad soberana del Estado como
órgano vivo de la sociedad civil. (Muy bien.) Os lo voy a demostrar con
sólo referir un hecho. Si tendéis la vista hacia el país vecino, Francia,
observaréis que, a pesar de la ley de separación, que Pío X calificaba
en su encíclica Vehementes nos de inicua, hoy los periódicos católicos,
los que con mayor ardor defienden los intereses del Papado, están
trabajando incesantemente por un régimen concordatorio que permita
a la Iglesia reconocer oficialmente la República y trabajar a su vez en
el campo republicano, sin destruir con ello la más insignificante partícula
de la autoridad soberana del Estado. Y se trata, amigos míos, de una
República que tiene sesenta años largos de vida, y que está regentada
por hombres de ideas ultrarradicales, que acreditaron su genio y su
experiencia en una labor prolongada de gobernantes. ¡Ah!, pero aquí...
(Risas.) Aquí, los hombres que asimismo se califican de estadistas o
a quienes llama así una Prensa interesada en apoyar la vida del
Gobierno, estiman que eso es una cosa anticuada y anacrónica. Un
Concordato y un modus vivendi con la Iglesia dicen que es inservible y
propio solo de los políticos reaccionarios, a pesar de que un Ministro
tan reaccionario como don Fernando de los Ríos lo defendía al discutir
precisamente la Constitución. Y yo os digo, señoras y señores, hablar
siempre sobre la base de una separación indeclinable del Estado y de
la Iglesia, siempre sobre el criterio de la secularización completa de la
vida del Estado, hablar, repito, de un modus vivendi con la Iglesia, es
una fórmula política hábil y eficaz, propia de verdaderos gobernantes,
con la que se podrá poner término satisfactorio a este problema que
viene atormentando desde hace siglo el alma de España. Además,
queridos correligionarios y amigos, ¿no conocieron a tiempo estos
hombres la disposición favorable que la Nunciatura, representante del
Papado, tenía respecto de la República? No quiero hacer el elogio de
nadie; pero es un tributo obligado de justicia manifestar que quien lo
reconoció y estuvo al habla con la Nunciatura, y sabía perfectamente
cómo pensaba la Iglesia, fue el antiguo Ministro de Estado, el señor
Lerroux. Probablemente si él hubiera continuado en la cartera de Estado
hubiera ocurrido otra cosa; pero al abandonarla, el señor Lerroux ha
venido... (Risas.), ha venido un antiguo correligionario a ocuparla, y,
por lo visto, no ha tenido la fortuna de que el éxito coronara sus esfuerzos
y sus trabajos. ¡Ah! Si hubiera hecho lo que siempre predicamos y
defendimos, si se hubiera aprovechado de la disposición de la Iglesia,
el modus vivendi o el Concordato, llamadlo como queráis, que entonces
se hubiese elaborado sobre la base de los principios avanzadísimos
del régimen republicano, habría consolidado la República, habría matado
en germen las protestas de los fanáticos, habría resuelto estos
problemas delicados y vidriosos, yendo de la mano del Romano
Pontífice, que creo que es una autoridad inconmensurable cuando se
trata de la Iglesia; y entonces nadie, en el campo católico, podría
protestar de que la República fuera lo que necesariamente tenía que
ser, dada su naturaleza y las exigencias políticas de los actuales
tiempos. (Muy bien.)

La expropiación forzosa sólo deberá realizarse mediante
indemnización

Lo que ocurre con la cuestión religiosa, ocurre también con la cuestión
de la propiedad. Nosotros, los profesionales de la Abogacía, somos ,
al decir de estos revolucionarios de ahora, gente anticuada y misoneísta,
ya que tenemos, inspirados en la tradición romana, un concepto del
derecho de propiedad, anacrónico y falso, que no se compadece con
los postulados de la ciencia moderna ni con los anhelos de la vida
actual. Invocan para demostrarlo la autoridad de los jurisconsultos
alemanes. Yo creo dicho sea con toda reverencia, que una buena parte
de esa nueva ciencia jurídica que infunden hoy los jurisconsultos
alemanes, es una ciencia jurídica adulterada y sin derecho, donde
casi todo en el en fuerza de sutilezas y mixtificaciones, resulta arbitrario
y convencional; pero, en fin, yo miro hacia Alemania, faro luminoso,
que alucina a los que presumen de innovadores, y veo allí unos
jurisconsultos gloriosos, que tienen alta autoridad, que son –permitidme
esta excursión pedantesca por la ciencia-, los más profundos
conocedores del derecho clásico, del derecho romano, me refiero a
Savigny, el feje de la escuela histórica, y a Ihering, el filósofo creador
y a la vez jurista, que con más arte y sagacidad ha descubierto y
analizado las instituciones jurídicas del pueblo Rey. Pues, bien; tanto
uno como otro han reconocido que en el derecho había siempre una
parte ósea, pétrea, casi indestructible, y una parte nerviosa y vivaz,
que, por lo mismo que recibía todos los impulsos de la conciencia
pública se modificaba a su compás y a cada instante, obedeciendo a
las palpitaciones de la realidad. La parte nerviosa es lo que llamamos
nosotros el derecho penal y el Derecho Político; la parte ósea es el
Derecho civil, especialmente en lo que se refiere a los derechos reales.
Como el Derecho de propiedad es el derecho real por antonomasia, y
nosotros decimos que está integrado por un sinnúmero de derechos
particulares, también de naturaleza real, pretender destruirla o
modificarlo caprichosamente por una labor impremeditada del Gobierno,
olvidando las evoluciones de la ciencia, es otro dislate que no puede
menos de producir perturbaciones en la vida de las instituciones
jurídicas del país. Hay algunos que se visten con el disfraz de una
democracia católica, al suscribir estas decantadas reformas; pero yo
creo que no conocen bien el alcance de sus palabras, cuando dicen:
No; el Derecho de propiedad no es el antiguo Derecho de propiedad,
aquello que nosotros, en las Cátedras y en los Tribunales, estamos
definiendo como jus utendi, abutendi, fruendi, disponendi et vindicandi;
no; ese Derecho supone implícita una función social, que es la que le
regula y condiciona, y cuando el Derecho de propiedad, por egoísmo o
por abuso del titular, no sirve a la función social, el Derecho de propiedad
debe desaparecer. Yo me he asombrado muchas veces en la vida
oyendo cosas peregrinas y absurdas; ahora no sólo me asombro,
sino que llego a los límites de la estupefacción. (Risas.) ¿Creéis que
esto de que la propiedad es, ante todo, una función social es cosa
nueva? No; aquí me están oyendo ilustres colegas que se reirán por
dentro, como yo me río, de las novedades que ahora se están
explotando, por algunos petulantes pseudocientíficos. (Risas) ¡Una
función social! Pero si ya en la tradición clásica del pueblo rey, del
pueblo romano, se decía siempre que aquel jus abutendi no había de
interpretarse nunca en el sentido de que el propietario titular de los
derechos dominicales hiciera sobre la cosa objeto del dominio lo que
tuviera por conveniente. No. Hay un interés colectivo que lo impide, y
cuando el interés colectivo está en contraposición con el derecho de
propiedad individual, el interés colectivo prevalece, originando y
legitimando la expropiación de la propiedad, pero indemnizando siempre
al propietario (Risas.), porque si no fuera así, ¡ah!, entonces la propiedad
no sería un derecho, la propiedad sería una cosa deleznable y precaria
que el Poder público podía confiscar cuando tuviera por conveniente,
sin respetar el título legítimo de adquisición, que la hace en cierto
modo invulnerable y sagrada. Esto no puede ser so pena de cometer
una iniquidad. Y siendo la propiedad así, y predicando nosotros avances
y modificaciones muy radicales en el derecho de propiedad, decimos
que no se puede hacer sin realizar un verdadero despojo, lo que hacen
esos señores gobernantes, ni lo que sancionan las Cortes, ni lo que
se ha hecho, olvidando normas elementales de justicia en la
Constitución, porque no sé si habréis olvidado que en el Código
fundamental del Estado no se ha querido reconocer categóricamente,
como era el deber de los legisladores, siguiendo la tradición
revolucionaria francesa el derecho de propiedad con todos sus efectos;
sólo se ha dicho, casi de un modo vergonzante, que la propiedad
podrá expropiarse con indemnización, pero inmediatamente, y para
dar satisfacción a los elementos colectivistas, se añade: “Se podrá
expropiar sin indemnización por el voto de la mayoría absoluta”. Resulta,
pues, con este precepto, consagrada la socialización de la propiedad,
y consagrada la socialización de la propiedad en una forma que sólo
depende de lo que acuerde la voluntad de la mayoría, que no siempre,
por desgracia, es una mayoría de hombres imparciales e inteligentes.
(Risas y aplausos.) No, no siempre lo es, sino que por efecto de la
corriente popular y de una corriente a veces turbia y apasionada pueden
(estoy hablando hipotéticamente) ostentar la representación
parlamentaria muchas personas que por su incultura o por prejuicios
de clase crean que esto del Derecho de propiedad es una frase que no
tiene sentido, y que pueden perfectamente, con sus votos, desde el
Poder, destruirla o adulterarla. Y esto es lo que ha pasado con muchas
leyes que todos conocéis y en las cuales por este olvido del Derecho
se ha llegado a una verdadera expoliación sin beneficio alguno para la
clase campesina, a quien se pretendía redimir. Es esto lo que se ha
hecho.

Crítica de la actuación gubernamental

Me fijaba yo en los dos puntos salientes que pueden herir en este
momento la conciencia pública, y que están suscitando la protesta en
todos los ámbitos sociales. En la Constitución, por otra parte, hay
muchas disposiciones que, no voy a analizar ahora detalladamente,
pero que revelan cómo se han elaborado y las consecuencias que
puede producir. En la Constitución se ha dicho, consagrando un dogma
procesal de nuestros tiempos, que nadie puede ser detenido sino
durante veinticuatro horas como máximo, poniéndolo después en
conocimiento del Juez y decretando éste su libertad si no encuentra
en el término de setenta y dos horas motivos para su procesamiento.
No tendréis noticia de que la República haya detenido a nadie
cumpliendo escrupulosamente este precepto. (Risas.) En la
Constitución se dice también que la República es una República de
trabajadores. (Risas.), y que es indispensable proteger y apoyar el
trabajo. Por si esto fuera poco, hay un precepto de ella que tiene un
cierto sabor soviético. Se dice en ese artículo –no recuerdo el número-
que la República asegurará a cada trabajador las condiciones
necesarias de una existencia digna. La gente ha votado con el corazón
ligero este precepto; ¿qué quiere significar esto? O quiere significar
que el Estado tiene la obligación de proporcionar trabajo al obrero, al
que lo pida, rememorando así en la política española algo de aquello
que fracasó con los talleres nacionales el año 1848 en Francia; o es
un engaño, y por serlo, a estas horas millares de obreros hambrientos
están discurriendo por las calles de Madrid, exhibiendo sus lacerías y
acreditando con este espectáculo de miseria afrentosa cómo protege
su dignidad de trabajadores la República española. (Aplausos.)

¿Es que se puede hacer esto? ¿Es que se debe hacer esto? ¿No se
presienten acaso los odios que inmediatamente tienen que producirse
en la vida social?

En la Constitución se ha dicho que los jueces ejercen su función con
absoluta independencia (Risas.), y por si esto no fuera bastante, ya
que no se ha querido hablar de la independencia del Poder judicial, se
declara categóricamente que los jueces y magistrados no pueden ser
jubilados ni suspendidos, ni trasladados en sus puestos sino con
sujeción a las leyes, que contendrán las garantías necesarias para
que sea efectiva la independencia de los Tribunales. ¿Qué quiere decir
eso? Que al Juez y a los Tribunales de Justicia hay que respetarlos,
en tanto no incurran en alguna de las faltas que pueda motivar un
castigo o su destitución, pero a los Jueces no se les puede destituir a
capricho o por las ideas que profesen, y sin embargo, a pesar de
todas estas garantías, hemos visto que una República, que aseguraba
la independencia del Poder judicial al socaire de una ley que parecía
ser de defensa y era en rigor persecutoria trasladaba a todos los Jueces
que no tenían, a juicio del Gobierno, convicciones republicanas. Una
justicia republicana, lo mismo que una justicia monárquica, es una
justicia degradada y envilecida. (Aplausos.) La justicia no tiene más
normas que la ley que ha de aplicar, atemperándola precisamente al
caso que es objeto de la contienda, y santificando el derecho de la
parte a quien asista. Pero si los Tribunales, para fallar una contienda,
tienen que ahogar la voz de su conciencia y mirar a la cara del Ministro
(Risas.), o de los servidores del Ministro, entonces yo os digo que la
justicia no existe, y esto –no lo olvidéis-, para los pueblos es peor mil
veces que el despotismo más vil, porque todavía en un pueblo regido
por un déspota se puede vivir, ya que a lo mejor el déspota tiene
resplandores de acierto en su gestión, que le obligan a no divorciar su
conducta de las normas jurídicas; pero cuando en un pueblo la Justicia
es un simulacro, un vano nombre, vacío y hueco, huíd y huíd
rápidamente de ese pueblo, porque en su seno no hay garantía para
nadie, y en su consecuencia, el honor, los intereses, la vida, todo
estará en peligro. (Grandes aplausos.)

Después de la disección sintética y a la ligera que ante vosotros
acabo de hacer, no podrá extrañaros que cada vez más se acentúe la
protesta del país y llegue en ocasiones a tener clamores de ira que
asustarían a cualquier persona que, estando en el Gobierno, tuviera
conciencia del deber, la más insignificante sensibilidad política.

Las Cortes que se divorcian del sentir nacional, son facciosas

Tuve yo la desgracia, o la fortuna –permitidme que hable de mí-, de
haber vaticinado lo que tenía que acontecer. No es que yo pretendiera
imitar a aquellos aurúspices romanos que predecían el porvenir
examinando el vuelo de las aves y las entrañas de las víctimas –yo no
tengo víctima alguna a mi disposición (Risas.), ni he examinado
tampoco el vuelo de las aves-; yo me limitaba a estudiar los hechos y
a enunciar un juicio: Cuando en un país se convocan unas Cortes
Constituyentes, su labor constituyente, digan lo que quieran ciertos
comentaristas de escasa enjundia, termina en el momento mismo en
que se elaboró la Constitución (Muy bien), porque de no ser así se
corre el riesgo de que si prosiguen estas Cortes la labor legislativa,
dada la confusión y la forma en que han venido a ellas las
representaciones parlamentarias que la integran, perdieran, desde
luego, autoridad y eficacia divorciándose del país, y cuando unas Cortes
se divorcian del país, no empleemos eufemismos, las Cortes son
facciosas. (Muy bien. Aplausos.) Tenedlo presente. Son facciosas, no
tan sólo porque usurpan un Poder, sino porque perturban con sus
actos el ejercicio del Gobierno y la vida normal del país. Todas estas
significaciones tienen la palabra, por mí empleada y que tanto soliviantó
a los defensores de la situación actual. Presentía yo, al emplearla,
que como la realidad se impone siempre a todos los prejuicios y a
todos los intereses, habría de venir muy pronto el momento en que
otras minorías parlamentarias, tanto las afines como las más
distanciada del partido Republicano Liberal Demócrata reconocerían


al fin este divorcio de las Cámaras con la opinión. La persona de mayor
autoridad entre los republicanos, por su historia, el Sr. Lerroux, lo está
reconociendo todos los días, lo está declarando todos los días; y
manifiesta, a su vez, con acierto , que a él lo que menos le importa es
que en este juego, un poco raro, de la obstrucción, tenga dos votos o
nueve el Gobierno, sino que lo que le importa es el saber si el Gobierno
está conforme con la opinión o si actúa, por el contrario, disociado de
ella. Con ello acredita el Sr. Lerroux una gran visión de gobernante; en
primer término, porque aprecia mejor que nadie la realidad de su país;
en segundo lugar, porque los hechos le han dado la razón, pues acaba
de celebrarse un plebiscito más o menos limitado, y este plebiscito
en esos burgos podridos (Risas.), que antes eran esclavos de la
autoridad constituida, se declara resueltamente, por dos tercios contra
uno, en contra de todos los partidos gobernantes. (Muy bien.)

Lo reconoce también el Sr. Maura; lo manifiestan todas las demás
minorías; desde la progresista hasta la agraria, de manera que parecía
natural que atendiendo a esta communia opinio parlamentaria y
cumplida su misión constituyente se disolvieran las Cortes. Ya
encontramos, sin embargo, un pretexto para sostener la tesis contraria.
Se dice: hay dos leyes complementarias (Risas.) que son
absolutamente indispensables para que la Constitución haga su juego:
una, la de Congregaciones religiosas; la otra, muy necesaria, la del
Tribunal de Garantías Constitucionales. ¿Por qué serán necesarias?
También el Sr. Lerroux, coincidiendo en éste con nosotros, declara
que sin estas leyes él gobernaría. Tiene razón, y está en lo cierto. Son
necesarias, porque estas Cortes han dicho que eran leyes que tenían
que aprobar las Cortes mismas, y ante esta declaración se detienen
los sabios modernos (Risas), y con escrúpulos leguleyescos añaden:
“Como precisamente estas leyes tienen que aprobarse por las Cortes
Constituyentes, mientras no se aprueben, ese que se llama el Poder
moderador o el Poder republicano supremo, no puede disolverlas sin
infringir la Constitución.” ¡Ah! Entonces, ¿todo va a depender de la
voluntad de las Cortes? Qué sofística y absurda resulta toda esta
argumentación. Si las Cortes quisieran retardar la discusión de estas
leyes meses y meses, prevaliéndose de la mayoría, las Cortes seguirían
en una vida lánguida de esterilidad política funcionando en divorcio
patente y peligroso con la opinión pública. ¿Y si las Cortes hubieran
dicho que todas las leyes complementarias de la Constitución tenían
que elaborarse en ellas? ¡Ah! Pues entonces las célebres Cortes del
año 1931 tendrían que durar aproximadamente medio siglo. (Risas.)


Sí, porque leyes complementarias señaladas en la Constitución hay
más de 40, lo decía el otro día con gran desenfado el señor presidente
del Consejo de Ministros y si todas son leyes complementarias, no
hay por qué establecer una excepción entre aquellas leyes que las
Cortes dijeron que se aprobarían inmediatamente, y aquéllas otras
que, siendo también complementarias, resultan indispensables para
el funcionamiento del código fundamental; por lo tanto, no habría
posibilidad de que terminaran las Cortes.

La obstrucción de las minorías responde a que la actuación
del Gobierno es contraria a los intereses nacionales

Tienen razón todos los que en este momento, inspirándose en las
corrientes de la opinión pública, declaran que el Gobierno está divorciado
del país, y los que al propio tiempo afirman que si no es posible aprobar
esas dos leyes rápidamente, fulminantemente, por un acuerdo con
las oposiciones, se deben disolver las Cortes.

Al convencimiento de que existe este divorcio entre el Gobierno y el
país –y nada más que a esto-, responde la obstrucción. La primera
que la inició, con un certero instinto político, fue la minoría radical; las
otras entonces vacilaban, y aunque convencidas de los desaciertos
del Gobierno, no colaboraban de una manera franca y eficaz en la
obstrucción anunciada. Sin embargo, la razón triunfa siempre en política
como en todas las manifestaciones de la vida, y fue la razón la que
impulsó a todos los demás grupos parlamentarios a identificarse con
la actitud de la minoría radical. Y yo también dije, tuve la desgracia de
decir, que vendría la unión y la solidaridad de todas las minorías
parlamentarias en la obstrucción, y por eso alguien me atribuyó la
paternidad de una idea en la cual no tengo intervención alguna. Fueron
las circunstancias, fueron los hechos, fue la realidad misma la que
impuso la obstrucción, la obstrucción frente a un Gobierno desatentado
que se aferra con desesperación al Poder, que no quiere, bajo ningún
pretexto, plantear la crisis y que a juicio de algunos órganos en la
Prensa, por cierto de opinión avanzada, no debe plantear la crisis.

El problema político actual

Aquí empieza de nuevo mi estupefacción. Yo siempre creí que cuando
una minoría parlamentaria –que representa por su número y por su
calidad la oposición más importante- adoptaba fundadamente una
aptitud de obstrucción, el Gobierno, que debe saber que el Parlamento
significa colaboración, y colaboración sobre todo con los partidos afines
debía sentir necesidad de plantear la cuestión de confianza. ¡Ah, no!
Nada de plantear la crisis. La actitud de la minoría radical era una
torpeza política, sin justificación alguna a juicio del Gobierno; hubo
quien la calificó de criminal, y no había por tal motivo que hacerle caso
alguno. Comprended que esta falta de sensibilidad en el Poder, rayana
en el quebranto del propio decoro, era lo que provocaba mi asombro.

Pero no basta la actitud de la minoría radical, y vienen después todas
las demás minorías, todas, a identificarse con ella, sin que haya ninguna
que permanezca fuera de la obstrucción; y a pesar de la gravedad
excepcional de esta actitud, los partidos gobernantes declaran, sin
ruborizarse, que sería una indignidad plantear la cuestión de confianza.
¡A qué debilidades conduce el amor al Poder! (Risas.) Escuchad como
contraste con esta falta de sensibilidad, algunos recuerdos de mi vida
parlamentaria:

Estaba Maura en el Poder con 300 diputados en la mayoría, con un
prestigio en la opinión, que ya quisieran para sí muchos gobernantes
pasados, presentes y futuros (Muy bien.); tenía todo esto, y una tarde,
con motivo de un proyecto en que el Gobierno anunció su criterio, el
jefe del Partido Liberal, que era entonces el Sr. Moret, al frente de 62
o 63 Diputados, le dijo, recriminándole: “con esa política nosotros no
estamos de acuerdo”. Y a las dos horas estaba en Palacio presentando
la cuestión de confianza (Muy bien.) ante un Rey que decía de Maura
que era entonces el Bismarck de la Restauración. Otro detalle de la
vida política: Con motivo de un debate que no tenía importancia, en el
Senado se cruzó una proposición de un Senador de matiz republicano,
de D. José Fernando González. Se trataba de una proposición
presentada como por sorpresa –no era ésta la intención del Senador
que la redactó- en las incidencias del debate, y sobre ella recayó
votación. La mayor parte de los Senadores liberales estaban ausentes
de la Cámara Alta, y la votación se ganó por el Gobierno, sino recuerdo
mal, por tres votos. Cuando llegó la noticia al Congreso, Sagasta, que
no tenía ciertas susceptibilidades que ahora tanto se ridiculizan, ya
había presentado la dimisión. Y yo pregunto: ¿pero cómo puede ocurrir
eso ahora, en contraposición con lo antiguo? Hay quien contesta:
“Son métodos nuevos, son nuevos estilos antes eran gentes dóciles,
sin carácter, que, como muñecos, obedecían ciegamente la voluntad
del Monarca, y ahora somos representantes legítimos del pueblo
hombres firmes y enérgicos que no obedecemos más que al mandato
popular. ¡Cá! ¡No puede haber crisis!” Puede que tengan razón, puede
que sean métodos nuevos, aunque sorprendan todavía a los que sientan
algún pudor, pero son métodos que si los utilizara otro Gobierno, a los
Ministros actuales y a cuantos se singularizan por un vocabulario de
plazuela les parecerían verdaderamente criminales. Pero, en fin, esto
no puede pasar. Concibo que ni hubieran presentado la dimisión, ni
planteado la cuestión de confianza, cuando el Sr. Lerroux, con su
minoría era el único que sostenía la obstrucción; pero ahora son los
radicales, los federales, los progresistas, los conservadores, los de Al
Servicio de la República, la minoría agraria y la minoría vasconavarra –
que en el fondo también están conformes-, son, en fin, todas las
oposiciones, y yo digo: cuando el Jefe del Gobierno examine esta
espectáculo, se hará inevitablemente la reflexión de que todos estos
señores republicanos, agrarios y vasconavarros unidos representan
en el pueblo español una mayoría muy superior a la gubernamental.
¿Puede alguien tener duda? ¿Y cómo ante este espectáculo no se
plantea la crisis? La actitud del Gobierno sólo cabe explicarla por un
olvido del deber o por una carencia absoluta de escrúpulos políticos.
Pero es que el asombro de la gente va adquiriendo grados
extraordinarios cuando observa que este Gobierno no se apoya en
votos republicanos para mantenerse en el Poder, sino votos socialistas,
que son, ante todo, por sus ideas, internacionalistas, y en votos de la
Unión Regional Catalana, más preocupados de los intereses de su
región que de España (Grandes y prolongados plausos. Vivas a España,
que son contestados unánimemente.) ¡Y así estamos! La idolatría
política es la más funesta de todas, (Nuevos aplausos.) Por eso, yo
deseo que prescindáis de la simpatía que pueda inspiraros quien os
dirige la palabra y atendáis tan sólo a sus razonamientos. Si no tuviera
razón, no deberíais aplaudir. ¡Es que la tengo! ¡Es que la tiene conmigo
el país, la víctima de este desgobierno! (Afirmaciones.) ¡Es que el país
está asqueado de esta falta de dignidad política. (Grandes aplausos.)
Y así planteado el problema político. Con una particularidad digna de
ser destacada. En el período álgido de la obstrucción logra el Gobierno
nueve votos de mayoría, que son los nueve votos de los Ministros. Se
dice en el Salón de conferencias, invocando los nuevos estilos: Es
que no se trata de un voto de confianza. Pero, ¿qué era en el fondo
esta protesta contra la guillotina, sino un voto de desconfianza para el
Gobierno? ¿Quién lo puede negar? ¿Cómo son tan ciegos o tan torpes
de entendimiento que no han visto, por efecto de la pasión o de un
sórdido egoísmo, que aquello era una ratificación de la confianza, caso
de obtener mayoría el Gobierno, o un voto en el caso contrario privándole
de la confianza, para que se alejara del Poder? Y en esas cuestiones,
el decoro más elemental aconseja que los propios interesados no se
voten asimismos (Muy bien); pero es que, además, se repite por otra
incidencia de la discusión el voto al día siguiente, y entonces los nueve
votos disminuyen a uno (Una voz: el de Ossorio), votando también los
individuos que componen el Gobierno. Y yo pregunto: ante este
espectáculo vergonzoso, que sería grotesco si no se vislumbrara en
su fondo una verdadera tragedia para la República, ¿se puede continuar
en el Poder? (Una voz: No), ¿Se puede permanecer así? El gran facedor
de las Constituciones, que era Sieyes, con un gran conocimiento de
la realidad, decía que en todos los regímenes representativos de
carácter democrático, en la cumbre del poder está el gran Elector, que
atalaya desde su sito, con mayor acierto que nadie, todos los
movimientos de la opinión, todo su flujo y reflujo, y cuando el Gran
Elector se encuentra con conflictos como éste, a que acabo de
referirme, en que de un lado está la esterilidad del Parlamento y de
otro la impotencia del Gobierno, lo lógico es que lo resuelva,
estableciendo aquella armonía que exige el régimen parlamentario y
el prestigio mismo de las instituciones fundamentales (Muy bien.) Yo
así lo espero.

Hay quien cree que basta para permanecer igualmente en el Gobierno
con ostentar la mayoría parlamentaria. No. Ya decía mi maestro, el
fundador del partido reformista, el Sr. Azcárate, que eso era como
confundir la representación con la delegación; que esa idea, propagada
por Rousseau, de que los ciudadanos no tenían más que un momento
en que actuaban como soberanos, que era el de depositar el voto, era
un anacronismo y un error. Es verdad; la opinión en la democracia
actúa permanentemente, por medio de la Prensa, de los mítines y de
las elecciones parciales, y cuando la opinión pública, que actúa
constantemente, como digo, se manifiesta en contra del Gobierno,
éste por acatamiento a la soberanía del pueblo tiene que caer o el
Gran Elector debe hacerlo caer (Muy bien.)

La dictadura parlamentaria es siempre funestísima

Otra cosa equivale a llegar a la Dictadura parlamentaria que es funesta,
funestísima. Recuerdo que en ese precioso libro del Sr. Azcárate, “El
Régimen parlamentario en la práctica”, que hemos leído todos en
nuestra época de estudiantes de Doctorado, cuando se hablaba de la
Dictadura parlamentaria se decía que no era posible sostenerla bajo
ningún pretexto, y al efecto citaba una frase de Voltaire, el cual ya
manifestaba en su tiempo: “Prefiero ser gobernado por un león de
buena raza a serlo por doscientos ratones de mi especie. (Risas.) Sí.
Sí; la Dictadura parlamentaria puede engendrar en la vida pública esta
gobernación de los doscientos ratones a que aludía Voltaire.

¡Que diferencias además tan profundas con otros ejemplos
entresacados de tiempos pretéritos! En Bélgica lo registra también en
su libro el Sr. Azcárate. Docker presentó una vez la dimisión al Rey
Leopoldo, diciendo: “Tengo toda la confianza de la Cámara; no estoy
seguro de tenerla de la opinión, y me creo en el deber de plantear la
crisis”. Ricassoli es otro de los que se citan; presentó también la
dimisión del Gobierno con una Cámara en la que tenía, no la mayoría,
sino casi la unanimidad, y dijo: “Tengo, en efecto, casi la unanimidad
de la Cámara, y me saludan con aplauso fervoroso y entusiasta todos
los correligionarios; lo que pasa es que cuando voy a la calle, en
contraste con aquel fervor, observo la indiferencia de los ciudadanos.”
Yo pregunto ahora desde aquí: ¿Los señores Ministros liberales de la
República encuentran fervor, clamores de júbilo respecto a su conducta
en todo el país? ¿Lo observan? Tendría yo que recordaros que incluso
en las visitas a los pueblos donde asisten los Ministros con carácter
oficial han querido hacer objeto de agravios a quien está por encima
de la política del Gobierno y ocupa la cúspide del Poder? ¿No les dice
esto nada? Señores que me escucháis: Aquí y en casi todos los mítines
que se celebran en España se clama por la caída del gobierno,
considerándola como una necesidad para la vida de la República y la
salvación de España.

Debe producirse la crisis

En esta lucha entre el egoísmo político de los Ministros y la realidad
que está pidiendo a gritos la crisis, no hay otra solución que abandonar
el Gobierno. Lo exige el decoro, lo demanda la justicia, lo pide el país.
No sé si provocada la crisis, será posible una combinación
parlamentaria, para aprobar una o dos leyes más; yo lo creo difícil,
casi imposible. Cuando alguien salga del Poder, veréis cómo su
patriotismo se exacerba y se solivianta, fijándose principalmente en
los intereses de la Nación. Todas las combinaciones que se inventen
para prolongar la vida de este Gobierno, y de estas Cortes, serán
estériles y además perjudiciales. La opinión tiene decretada la caída
del Gobierno, y este fallo de la opinión hay que ejecutarle rápidamente.
Si no cayeran, si alguien, desviándose de la opinión, considerase
necesario la continuación en el Poder de los actuales gobernantes,
temo hacer una profecía, y hasta quisiera equivocarme, pero si tal
cosa sucediera, repito, el daño inferido a la República sería irreparable.
Cuando se celebren nuevas elecciones, la opinión, encrespada por la
cólera e identificando la República con sus gobernantes actuales,
aquéllas constituirán un plebiscito contra el régimen. (Aplausos). Para
evitarlo, en unión y en colaboración con todos esos republicanos a
quienes antes aludí, estamos nosotros, defendiendo las esencias
liberales y democráticas y un programa netamente republicano,
diciéndole al país que hay que colocarse al lado de la República, por
lo mismo que representa y encarna el futuro de España; pero diciéndoles
a los gobernantes que hay que dimitir, en bien de la República, porque,
de lo contrario, comprometerán para siempre, con sus notorios
desaciertos, la vida de las instituciones. (Grandes y prolongados
aplausos. Viva el hombre honrado. Viva don Melquíades Álvarez.)


Añadido por Enrique Ibañes